Juego de ojos
Gabriela Ulloa Conde podría sostener una conversación privada con Olga Sánchez Cordero, para que la ministra comprenda el tamaño de su pifia.
El secuestro no es nuevo en la historia. París se llevó a Helena, y Menelao destruyó Troya; Dios arrebató a Elías al cielo en un carruaje de fuego, o guardó a Jonás en la ballena y José fue vendido por sus hermanos. Lo que cambió son los motivos, las consecuencias de la privación ilegal de la libertad.
El secuestro político deja una estela de muerte, cuyo paradigma es el asesinato de Aldo Moro. Quieren justificar la barbarie de Guantánamo en razones ideológicas. Lo peor, lo que causa asco, es disponer de la razón y la vida de una persona por motivos estrictamente económicos. El futuro puede ser promesa o negación si se paga o no un rescate; para motivar a quienes han de solventarlo, se tortura, se mutila: Gabriela Ulloa Conde podría sostener una conversación privada con Olga Sánchez Cordero, para que la ministra comprenda el tamaño de su pifia.
Miente Olga Sánchez Cordero a lo largo de la entrevista concedida a Jesús Aranda, de La Jornada, cuando afirma: “No queremos presuntos culpables. No queremos gente inocente en la cárcel. Ése es el mensaje que nos deja la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez”.
La señora Sánchez Cordero decidió el cambio de su proyecto de resolución inicial, en respuesta a presiones políticas externas, o en el pretendido cuidado de su historia personal, pero olvidó que en ciertos casos la administración de la justicia y la aplicación de la ley raras veces coinciden al darse un veredicto, que es preferible lo justo a lo legal, pero incierto.
Olvidó también que tiene un mandato constitucional, que éste le indica en el artículo 107 la manera de proceder; lo que peor hizo, fue preterir la esencia de ese mandato al qué dirán. Dejó de lado la obligada defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de una sola persona. Lesionó la administración de justicia y cerró el paso a una revisión exhaustiva y legítima de la procuración de justicia.
Miente cuando dice a su entrevistador: “En 1995 se rompió el ejercicio del monopolio de la acción penal por el Ministerio Público. Antes la víctima no contaba. De ahí también tanta corruptela en el Ministerio Público. Archivaba las cosas que simplemente no querían continuar, solicitaba el sobreseimiento. A partir de entonces la SCJN empezó a caminar en los derechos de las víctimas, sin tener los recursos legales ni una ley que reglamentara los recursos legales de la víctima. Empezó a caminar en el amparo, a legitimar a la víctima en contra de las determinaciones del Ministerio Público.”
La SCJN también tiene una función política, cumplida cabalmente en los casos de Lydia Cacho, Guardería ABC y caso Atenco, lo que permite suponer que con Florence Cassez también ocurrió así, aunque Sánchez Cordero hubiese procedido de manera distinta, de haberse dado tiempo para leer a Albertine Sarrazin, Gabrielle Russier y Henri Charriére, ya que en la globalización estamos.
Olga Sánchez Cordero, como Florence Cassez, secuestró a la justicia, mutiló a las víctimas y deformó la aplicación de la ley, pero según ella, ganó prestigio.
QMX/gom