Estado de los ESTADOS: Autoritarismo

Febrero 8, 2013.- Dentro de la amplia serie de factores que ni el gobierno de Felipe Calderón ni ahora los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron en cuenta al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), resolver la legalidad de dicha acción y arrojar a la calle de decenas de miles de trabajadores electricistas, se encuentran no sólo las adversas consecuencias para los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por dichas acciones, sino las afectaciones para la población en general de las regiones que atendía LFC, que de la noche a la mañana vio afectado su nivel de vida con las altas tarifas y el pésimo servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persecución contra los usuarios cautivos, que han sido obligados a pagar facturas estratosféricas que no corresponden a su consumo regular de energía eléctrica.

Con la utilización de toda la fuerza del Estado, la CFE y el gobierno federal han ido al extremo de criminalizar la protesta y han optado por encarcelar a líderes sociales que se han opuesto al atraco oficial, a través de las facturas, que realiza la CFE en contra de los usuarios, con la complicidad de las autoridades federales. Lo injusto de esta abusiva situación ha obligado a la población organizada a la movilización social contra la altas tarifas eléctricas, como se registró este jueves no sólo en la capital de la República, sino en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Chiapas, en donde se realizaron acciones de protesta también en contra de los megaproyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que le representan pingües ganancias a los funcionarios involucrados.

En la Ciudad de México, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas, entre otras organizaciones, realizaron marchas de protesta por diferentes vialidades y organizaron mítines frente a la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión, en donde demandaron poner fin a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad en los cobros del servicio, parar la criminalización de los usuarios amparados y los dirigentes del movimiento, frenar la privatización de este servicio público y se manifestaron en contra de los megaproyectos de empresa trasnacionales que impulsa la CFE, además de solucionar el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En la Secretaría de Gobernación, exigieron a la dependencia a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, que no se criminalice la lucha social y no se use la fuerza pública y “grupos de choque” contra esos movimientos. Entregaron al subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava, una lista de personas que enfrentan procesos penales, promovidos por la Comisión Federal de Electricidad, “por su participación en acciones de resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”.  En la relación se enumeran los casos de siete integrantes de Resistencia Civil de Agua Dulce Veracruz; cinco de la Asamblea de Pueblos de Tehuantepec; dos de los frentes de los pueblos de Puebla-Tlaxcala-Morelos; veinte de la organización Fuerza Social Choapense; dos del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa; uno de Resistencia Civil de Candelaria Campeche; un integrante de Luz y Fuerza del Pueblo Chiapas; tres del Movimiento Amplio de Resistencia Civil Chihuahua; uno del Frente de Consumidores de Chihuahua; y tres de la Organización Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz.

Los manifestantes pidieron a la Secretaría de Gobernación que se ponga fin a las “amenazas de muerte” contra integrantes de esos grupos, y exigieron que no haya cortes de luz y que se cancele la instalación de medidores digitales, entre otras medidas. Los inconformes que marcharon del Movimiento de la Revolución al Palacio de Bucarelí exigieron también que se regule las tarifas de energía eléctrica.

Otros contingentes se desplazaron posteriormente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro histórico de la Ciudad de México, y a la Cámara de Diputados también en protesta por los “cobros excesivos” y el mal servicio que presta la CFE, por lo que demandaron ante legisladores federales se aplique un “borrón y cuenta nueva” en los adeudos que tienen con la paraestatal. Frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, integrantes del SME, amas de casa, trabajadores, y simpatizantes de Morena, así como activistas de diversas organizaciones sociales se pronunciaron por “no pagar la luz” y acusaron al gobierno federal de “cobros locos” a través de la CFE.

Ante los diputados, al igual que lo hicieron en la Secretaría de Gobernación, los manifestantes demandaron: “una tarifa social justa, renacionalización de la industria eléctrica, electricidad como un derecho humano, solución al conflicto del SME, no a la criminalización de la protesta de los usuarios de energía eléctrica, libertad a los presos políticos, alto a los cortes arbitrarios de luz, no a los medidores digitales, borrón y cuenta nueva para los usuarios en resistencia y no a la construcción de megaproyectos”.

Movilizaciones similares se reportaron también en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Chiapas. De acuerdo con los reportes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT), se realizaron tres bloqueos carreteros: uno intermitente en la carretera Cuautla-Oaxaca, a la altura de Huexca, Morelos; otro permanente en la carretera federal México-Puebla a la altura del pueblo de Zacatepec; y uno más en la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura de la Trinidad, Tlaxcala.  La organización destacó que Huesca, Morelos, Zacatepec, Puebla, y La Trinidad, Tlaxcala, son algunos de los más de 60 pueblos que serán afectados por el megaproyecto que pretende imponer la CFE, el Proyecto Integral Morelos, que incluye dos termoeléctricas en Huexca y un gasoducto de 160 kilómetros que cruza partes de las tres entidades mencionadas en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.

La FDTAMPT explicó que las movilizaciones que se están realizando son también en protesta contra la represión hacia los movimientos sociales y por la cancelación de todas las demandas penales que hay en contra de integrantes de los movimientos sociales; también, en apoyo a la oposición a la construcción del parque eólico en San Dionisio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en donde ha sido golpeado el plantón que indígenas zapotecas e ikjoots realizan en la colonia Álvaro Obregón para impedir el paso de la maquinaria de las trasnacional Mareña Renovables, así como en oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero.

A su vez, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) reportó que en Chihuahua los manifestantes tomaron dos oficinas centrales de la CFE; en Campeche se realizó un bloqueo intermitente de carretera en el entronque de Candelaria, carretera federal; en Chiapas, se realizaron cuatro bloqueos en la región fronteriza: en la entrada de Comitán, viniendo de Guatemala a la altura de la colonia Chichima, junto al cuartel militar; en la salida a San Cristóbal en la gasolinera de Quija y en la carretera que va de Comitán a Villa las Rosas a la altura de la comunidad San Cralampio, entronque con el Ejido Hidalgo.

Informaron también que en la región chiapaneca Selva-Ríos estaban bloqueando en la carretera lagos de Montebello-Benemerito de las Américas, a la altura del ejido Francisco I. Madero, municipio de La Trinitaria; asimismo, en  la entrada principal de Las Margaritas, a la altura del aserradero; otro bloqueo se instaló en la región Sierra, en la carretera Motozintla-Huixtla, a la altura del ejido Buenos; uno más, en la región Norte, en playas de Catazajá, en donde se bloqueó la carretera Escárcega-Villahermosa-Palenque, donde fueron retirados por militares. En el estado de Veracruz, se bloqueó la carretera federal Acayucan-Minatitlán, a la altura de la desviación de Oteapan.

Y en Oaxaca, la UCIZONI reportó la toma de oficinas de CFE en Huajuapan; el bloqueo de Tuxpetepe por parte de la CNA en la carretera que conecta Oaxaca-Veracruz; en Salina Cruz la toma fue simbólica frente a las instalaciones de CFE; en Sarabaia se realizó una manifestación frente a la CFE, con lugareños de 26 comunidades.

HASTA LA ONU

Martín Esparza, dirigente del SME, informó en la Cámara de Diputados que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán una caravana de la Ciudad de México a los Estados Unidos,  a fin de informar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la violación de sus derechos laborales por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El dirigente de los electricistas precisó que partirán en dos camiones a la frontera norte donde serán recibidos por organizaciones sindicales de mineros y estibadores de la Unión Americana.

Ahora, dijo Esparza, la lucha será política, para lo cual es necesaria la solidaridad de todos los trabajadores y organizaciones sociales para hacer valer la Constitución. El dirigente explicó que una vez que entregue el engrose a la Corte se entrará en una etapa de racionamiento para que se reconozca el amparo otorgado por un tribunal colegiado que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a asumir el papel de patrón sustituto. Esparza Flores subrayó que “los argumentos que definieron los magistrados del  máximo tribunal del país carecen de sustento”.

Ahora que falta por saber y conocer cual será el rumbo, como arreglaran los miles de amparos de usuarios del servicio de energía eléctrica que fueron interpuestos a través del SME y que se encuentran, después de los dictados de la Suprema Corte en el limbo legal. ¿También los ministros de la “Tremenda Corte” desconocerán los amparos?

IMPUNIDAD

Un hecho por demás conocido a nivel internacional es que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y hacer valer la libertad de expresión. La gravedad del asunto se incrementa al conocer que el índice de impunidad en las investigaciones de las agresiones y asesinatos a periodistas es de 81 por ciento, como lo aseguró Javier Tapia Urbina, director de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante la instalación en el Senado de la República de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

En México, “la vida de los periodistas está en riesgo y la seguridad de los medios de comunicación se encuentra comprometida”, como lo señaló el senador del PT, Marco Antonio Blázquez Salinas, presidente de esa comisión especial, quien resaltó que entre 1983 y 1999, 22 periodistas fueron asesinados; y entre 2000 y 2006, fueron 66 las víctimas de este gremio; mientras que entre 2007 y 2012, en el calderonato, la cifra subió a 127. Tan sólo en el 2012 hubo 10 periodistas asesinados, dos desaparecidos y 27 agredidos. Se registraron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de comunicadores, después de Siria y Somalia.

Según Tapia Urbina, del 2000 a la fecha tienen registrados 82 homicidios de periodistas, 18 desapariciones, 33 atentados a medios de comunicación, y de estos 133 casos sólo  19  han sido consignados, es decir, sólo el 14.2 por ciento. Del año 1999 a la fecha, la CNDH tiene 843 expedientes de agresiones a periodistas. De acuerdo con la CNDH, en los últimos cinco años se han investigado 28 ataques contra los medios de comunicación en diversos estados. La CNDH expresó su preocupación por las agresiones a comunicadores que además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar bien informada.

También el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) reporta que a causa de la violencia que vive el país, existe un “desplazamiento forzado” de periodistas, donde “la capital se convierte en un refugio temporal”, para comunicadores que migran principalmente de Veracruz, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca.

Ante una treintena de Senadores de todos los partidos, entre los que se encontraban los coordinador de los panistas, Ernesto Cordero; el coordinador de los priístas, Emilio Gamboa, el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, y el coordinador de los del PT, Manuel Bartlett,  se destacó que la criminalización de las opiniones sigue siendo un  tema pendiente en la agenda legislativa.

EXPERTOS SE CONFRONTAN

En el caso del estallido en las oficinas administrativas de Pemex, instituciones académicas y empresas de seguridad privada se contraponen. Por un lado, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expertos en seguridad, ingeniería y protección civil, pusieron en entredicho que el estallido en el edificio B-2 de la Torre de Pemex se haya debido a una concentración de gas metano, como afirma la PGR.

Guillermo Garduño, experto en seguridad, concluye que las versiones oficiales “terminan siendo una ofensa para la inteligencia de cualquiera”, y “más que respuestas dejan muchas, pero muchas dudas”. Descarta que el gas metano haya provocado la referida explosión, porque si este gas hubiera sido la causa “se hubiera producido un incendio monumental; la humareda producida hubiera sido enorme y las víctimas hubieran ardido, pero ningún herido está quemado”.

Para Rafael Lugo Leyte, investigador de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería de la unidad Iztapalapa de la UAM, debió de tratarse de unos 6 mil metros cúbicos de gas metano para causar esa explosión, y descartó que éste pudiera acumularse sin que nadie se diera cuenta.

En contraposición, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, reiteró que una acumulación de gas metano provocó la explosión en el edificio B de las instalaciones corporativas de Pemex. A su vez, Bryan Dunagan, vicepresidente de integridad operacional global de la empresa de peritaje SGS, sostuvo que una chispa fue suficiente o incluso electricidad estática para causar la explosión por la acumulación de gas metano, aunque falta determinar por dónde provino éste. Sobre la cantidad de gas necesaria para producir una reacción de esta naturaleza, refirió que una concentración del 5 al 10 por ciento podría desencadenarla, misma que no habría sido detectada por los trabajadores.

Según los expertos de la empresa SGS, la explosión de los pilotes en el edificio B2 de la Torre de Pemex pudo haber sido causada por una concentración de hasta un metro cúbico de metano, que se confinó en una celda de construcción muy pequeña. Se trató de “una explosión limpia”, según Sergio Martínez, subdirector de Servicios Corporativos de Pemex.

REVIVE MOREIRAZO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reactivó el llamado “moreirazo”, al informar que detectó en las Islas Bermudas una cuenta por más de 2 millones de dólares que pertenecen al prófugo ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien se apropió de manera ilegal de al menos 35 millones de dólares del erario coahuilense. El ex funcionario transfirió esa suma millonaria a diferentes cuentas y se hizo de propiedades y empresas en Estados Unidos. Los 35 millones fueron transferidos desde abril de 2009 y se usaron para comprar propiedades en San Antonio, Brownsville, y South Padre Island, en Texas.

Villarreal fue el principal operador financiero del ex gobernador de Coahuila y ex líder del PRI, Humberto Moreira, Es acusado por la PGR de retirar 3 mil millones de pesos de créditos bancarios solicitados de forma fraudulenta y registrados como deuda estatal.

De inmediato, en Saltillo, el actual gobierno de Coahuila negó que los recursos que buscan incautar a Javier Villarreal las autoridades estadounidenses, 2.2 millones de dólares de una cuenta en un banco de las Islas Bermudas, provengan de los créditos bancarios obtenidos durante la administración estatal del priísta Humberto Moreira.

En el Senado de la República, legisladores del PAN, PRD y hasta del PRI demandaron al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto continuar con las investigaciones del llamado “moreirazo”, y castigar a los responsables para evitar que el caso quede en la impunidad.

La bancada del PAN en el Senado propuso incluso una reforma constitucional con la que pretende castigar con sanciones administrativas, juicio político y hasta con cárcel a los gobernadores y alcaldes que incurran en manejos ilegales relacionados con el endeudamiento.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, deslindó totalmente a su partido de la investigación que realiza el gobierno de EU en contra de Héctor Javier Villarreal.

DE LOS PASILLOS

La Comisión Federal de Competencia (CFC) confirmó la multa a Teléfonos de México (Telmex) y a Teléfonos del Noroeste (Telnor), ambas empresas afiliadas a América Móvil, por un monto de 657 millones 391 mil 350 pesos debido a que esas empresas incurrieron en prácticas monopólicas relativas en el mercado de arrendamiento mayorista de enlaces dedicados, locales y de larga distancia. La sanción se derivó de una denuncia interpuesta por Axtel, debido a que Telmex se negó a brindar esos servicios en el mercado de arrendamiento mayorista de enlaces dedicados y de larga distancia.

Dichas empresas cuentan con 30 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante la CFC. De inmediato, Telmex respondió que la CFC no valoró debidamente las pruebas aportadas sobre la investigación de enlaces dedicados y larga distancia. Sostuvo que “realizará el análisis exhaustivo de esta resolución a fin de determinar las acciones conducentes ante las instancias a que haya lugar, en estricto apego a derecho”.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pidió al gobierno federal cancelar todas las concesiones mineras en dicha zona, al argumentar que está en riesgo no sólo el equilibrio ambiental de la región, sino la supervivencia de la misma de los pueblos indígenas que ahí habitan. El Consejo subraya la necesidad de echar atrás los permisos de explotación concedidos a la empresa de origen canadiense First Majestic Silver. Por tal motivo, exige que los trabajos de las minas y de las granjas tomateras de explotación intensiva sean cancelados y se inscriba a Wirikuta en el listado de patrimonio natural y cultural de la humanidad de la UNESCO. También demanda que el Estado mexicano haga valer los convenios nacionales e internacionales que protegen a las comunidades indígenas, entre ellos los Acuerdos de San Andrés… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la