DINTEL: Se agota el bono democrático

Uno de los instrumentos más valiosos y quizá por eso menos valorado por todo nuevo gobierno es el llamado “bono democrático”.

Por una razón u otra y, seguramente, por soberbia o sinrazón toda nueva administración gubernamental cae en las redes de la coyuntura, que de todo lo nubla, enceguece y pierde al gobernante.

Para Vicente Fox fue el conflicto zapatista, para Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico y para el presidente Peña Nieto las secuelas de la violencia en cualquiera de sus múltiples expresiones.

La dinámica de los acontecimientos impide hacer un alto, reflexionar y elaborar una estrategia, primero, con una serie de acciones como consecuencia.

Para los partidos de oposición la explosión en el Centro Administrativo de Pemex con el saldo de 36 muertos y más de cien heridos, es un verdadero bocado al que le sacarán todo el jugo posible, no de inmediato, por supuesto, porque corren el riesgo de ser calificados de caníbales, pero sin duda ya se atuzan los bigotes frente al manjar que representa el especular, a toro pasado, con el incidente, utilizarlo para fines políticos y “ayudar” al desgaste acelerado del gobierno en turno. Con esto, el “bono democrático” habrá pasado a la historia y la oportunidad de detonar cambios, instrumentarlos y ejecutarlos se dejará para otro momento.

Los frentes que a poco más de dos meses se han abierto a la nueva administración federal, son ya suficientes para mantenerlo absorto y muy ocupado, no sea que vaya a pensar en operar verdaderos cambios estructurales que rompan el desorden y aplaquen el río revuelto que tan jugosas utilidades ha dado a unos cuantos “pescadores”.

Sin duda la reacción gubernamental, sobre todo en comunicación, fue rápida, oportuna y eficaz. Pero esto, si no es seguido por un buen trabajo político, corre el riesgo de ser contraproducente en menos tiempo del imaginable.

Hay quienes aseguran que “bono democrático” o “luna de miel”, están por terminarse, aunque los más pesimistas afirman que ya pasó ese periodo y ya se vive la realidad cruda y dura. No solo a nivel federal se goza de ese periodo de gracia no escrito u oficializado por ciudadanos o políticos, pero de que sí existe y, es dilapidado, ni duda cabe.

Igual a otros niveles, el municipal, por ejemplo, en el que los funcionarios tienen la certeza de vivir un trienio, no un sexenio, y de cualquier manera no tienen urgencia. Ahí está por ejemplo el caso del mandatario de Acapulco, Luis Walton, a quien la situación grave social, económica y política ya se le vino encima, sin que, aparentemente, se haya dado cuenta. Se confió en el desprestigio de la administración anterior y hoy hay quienes ya ven que se le podría repetir a él porque la ingobernabilidad sentó sus reales en el puerto guerrerense.

Muchos gobernadores todavía imbuidos en un triunfalismo al tamaño de su soberbia, no se dan cuenta que el tiempo vuela, que la oportunidad paso y su discurso aparte de hueco, ya resulta ineficaz.

Otro caso, también en Gurrero, es respecto al hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno del estado aplicar medidas cautelares, de manera indefinida, para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los denominados grupos de autodefensa, en Ayutla de los Libres.

Indicó que la existencia de tribunales populares instalados e integrados por ciudadanos que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones va en contra de lo que establece el Artículo 17 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Expuso que en el marco de la investigación relacionada con el movimiento conformado por diferentes organizaciones ciudadanas de diversos municipios de la entidad es notoria la instalación de un tribunal popular en la comunidad El Mesón, municipio Ayutla de los Libres.

Dicho tribunal tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en operativos llevados a cabo por integrantes de la llamada policía comunitaria en los municipios Ayutla y Tecoanapa.

Por ese motivo, la CNDH pidió al gobierno de Guerrero instrumentar por tiempo indefinido los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa.

Además, tomar las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública, salvaguardando los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno, tomando en consideración que los usos y costumbres de los pueblos indígenas por ningún motivo pueden contravenir la Constitución.

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QMX/am