PERSPECTIVAS: Aparato del estado

Con gran rapidez se ha demostrado que el gobierno de Felipe Calderón utilizó el aparato del estado para atacar a los rivales políticos. Y con la misma rapidez, las autoridades del nuevo gobierno parecen no entender el problema que ellos significa.

En las pocas semanas que tiene de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha quedado en claro que el gobierno de Felipe Calderón aplicó el peso de la ley como parte de sus estrategias políticas, y con ello, lo que verdaderamente se logró fue el deterioro y desprestigio de las instituciones que deben velar por la tranquilidad de los ciudadanos.

Felipe Calderón utilizó o permitió que se utilizara, a la Secretaría de Seguridad Pública para fabricar culpables, dar como válidas pruebas falsas y además, como trampolín político para el titular de la dependencia, Genaro García Luna.

Del mismo modo, toleró, sino es que hasta alentó, a Marisela Morales, para que desde la Procuraduría General de la República, creará todos los escenarios posibles para destruir carreras y familias, de los rivales políticos, sin importar más nada que el interés del grupo en el poder.

Y por si lo anterior fuera poco, dio rienda suelta a sus afanes transexenales para que, desde el IFAI, existiera una plataforma política que le fuera leal y le permitiera no sólo mantener a cubierta mucha información, sino para dar a conocer otra que pudiera dañar a sus contrarios.

El caso Florence Cassez, dígase lo que se diga, sería suficiente para demostrar la irresponsabilidad con la que el gobierno anterior utilizó el aparato de justicia. Y el hecho de que por el momento no se tenga información de investigaciones sobre los responsables de este caso pasa a dañar a la nueva administración federal.

En el caso de la PGR, la actuación de la señora Marisela Morales es en verdad preocupante. Sin más pruebas que declaraciones de delincuentes protegidos, se acusó y encarceló a varios militantes de alto rango, sólo con la evidente intención de colocarlos, especialmente a uno de ellos, fuera de toda posibilidad de acceder a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La nueva administración en la PGR ha señalado que no hay pruebas más allá de los dichos de los delincuentes. Pero los militares siguen en la cárcel, en una verdadera aberración jurídica y política.

Pero el problema de fondo es que el nuevo gobierno no parece tener interés en poner remedio a esta situación y menos aún, de llamar a cuentas a los responsables de esta barbaridad jurídica.

Sumados los dos casos señalados, lo que salta a la vista es un problema de total impunidad. Y la responsabilidad es para el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien demanda claridad para la actuación de las autoridades, pero olvida todo lo sucedido y que deberá ser resuelto, de una u otra manera, por su administración.

Y finalmente, queda el caso del IFAI.

Ya poco importan los dichos de los consejeros y las ambiciones de todos por ocupar los puestos más importantes.

El problema para el gobierno de EPN y para el país, es que la institución encargada de transparentar acciones y decisiones del gobierno, ha quedado cubierta por un manto de suciedad política que no permite confiar en las resoluciones del instituto.

Además, queda por resolver el evidente interés de Felipe Calderón por tener en el IFAI, la fuerza suficiente para evitar que información sobre su gestión pueda ser dada a conocer.

Y otra vez, la respuesta queda en manos del nuevo gobierno.

Así, la pregunta ya no es quiénes son los responsables. Sino tiene que ir más allá. Y tendría que ser ¿en cuánto tiempo las autoridades competentes tomarán las acciones pertinentes para castigar a quienes, de una u otra forma, utilizaron las instituciones del gobierno para realizar sus ambiciones políticas?

QMX/nda