ENTRESEMANA: Desaparecer a la PGR

Menuda tarea tiene el nuevo gobierno federal en esto de poner orden en la casa. Ofende el tiradero que en seis años acumularon los aprendices de brujo, especialmente en el rubro de procuración e impartición de justicia que usaron con fines personales bajo la peregrina idea de que habría impunidad porque, desde el año 2000, habían llegado a Los Pinos para quedarse.

El affaire jurídico-político Florence Cassez tiene elementos suficientes para una novela policiaca con un trama en la que, con una atractiva rubia como pieza central, el ajuste de cuentas entre civiles trasciende a los niveles de la procuración de justicia que terminó por poner en entredicho al más alto tribunal de impartición de justicia del país y arrastró al nivel de pleito de lavadero, por su necedad, a los entonces presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

Pero, mire usted, esta novela estará inconclusa hasta en tanto no se tenga el capítulo de colofón en el que la atractiva rubia, una vez lograda su excarcelación, no absolución porque finalmente no se demostró su inocencia, enderece una demanda penal que dé pauta a la aprehensión de quienes armaron el guión del mamotreto que se quedó en intento de cortometraje con varios héroes y una chica mala.

Por supuesto, la liberación de Florence Cassez ha generado opiniones duras en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; son más los mexicanos y franceses con la certidumbre de que la rubia debió haber permanecido en prisión, que los simpatizantes con el fallo que determinó liberarla y dejarla retornar a su país.

Los ministros cumplieron con su obligación de fallar en torno de un recurso de amparo. No eran responsables de determinar si Florence era o no culpable de la comisión de los delitos por los que un juez de primera instancia la condenó a 60 años de prisión. Tampoco están para cumplir caprichos, aunque el primer fallo en marzo de 2012 tuvo el tufo de la presión de Felipe Calderón.

Y, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto no tenía interés alguno en mantener en prisión a la francesa, porque los interesados en que ello ocurriera ya no pertenecen a su equipo e incluso han salido del país. Le correspondía, empero, cumplir con el ofrecimiento que hizo a su contraparte de Francia, Francois Hollande, de que en la revisión del caso privaría la total independencia de criterio y decisión de los ministros de la Corte.

El senador priista Arturo Zamora Jiménez considera se ha establecido un parte aguas y los órganos jurisdiccionales recuperan credibilidad.

“Ahora los retos y los desafíos que tenemos,  son recuperar credibilidad en los otros órganos: los policíacos, los de procuración de justicia”, puntualiza Zamora Jiménez.

Indudablemente esta recuperación de la credibilidad perdida, a consecuencia de servir a intereses políticos, pasa por la desaparición de la Procuraduría General de la República. El riesgo de que se incurra en el gatopardismo y se cambie para seguir igual, porque suprimir el nombre debe implicar una severa reestructuración en la dependencia que se encargue de procurar justicia.

En la PGR se han tejido, desde hace añales, las venganzas políticas. Y el caso Florence tuvo en esa dependencia, cuando Genaro García Luna era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), un tratamiento especialmente orientado a refundirla en prisión, tanto que el principal responsable de los delitos de que se le acusó y jefe de la banda de secuestradores, Israel Vallarta, no ha sido sentenciado.

Hay que revisar y suprimir de la legislación mexicana a las figuras de testigo protegido y el arraigo, demanda Zamora Jiménez. Pero eso es apenas parte de la necesaria desaparición de la PGR que, como dice Astrid, mi asesora, ha servido para todo menos para procurar justicia. Conste.

[email protected]

QMX/msl