Teléfono rojo
La puesta en marcha de la famosa ley de víctimas se ha convertido en un terreno clara para una enorme confrontación entre quienes formaron parte del gobierno anterior y quienes, desde hace apenas unas semanas, encabezan el actual. Pero pocos quieren ver el verdadero fondo de esta batalla.
El gobierno de Felipe Calderón se negó de manera tajante a la promulgación del proyecto, a pesar de sus muchos discursos en favor del caso de los afectados por la violencia reinante en el país. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto no perdió la oportunidad para ponerla en marcha.
Ahí se iniciaron las diferencias. Alegatos fincados en lo que quería aparecer como una batalla de corte legal. Pero ambas partes se han negado a entrar, públicamente, en el terreno de las explicaciones de fondo.
Y bastaría una rápida mirada al proyecto y al marco nacional, para entender lo que realmente sucede.
Felipe Calderón se negó a la promulgación de la ley por la simple y sencilla razón de que al hacerlo abriría la puerta para un debate, para él preocupante, sobre el tema de los derechos humanos y el respeto a los mismos a lo largo de su administración.
Y Peña Nieto dio paso al proyecto precisamente por que no entrar a ese tema le llevaría, al paso del tiempo a tener que hacer frente a un problema que, mas tarde o más temprano, estallará de cara al gobierno.
Las víctimas buscarán explicaciones, aclaraciones y por supuesto, justicia. Y no se trata solo de alegar que los muertos fueron “delincuentes”, sino del resto a los derechos de todos, incluidos los “malos”.
Calderón y su gobierno no integraron siquiera, las averiguaciones. Se negaron a reconocer el problema de la violación de los derechos humanos. Y Peña Nieto no tiene otra opción que caminar por la ruta contraria.
Y al hacerlo, convertirá la ley de víctimas en un juicio muy serio contra el gobierno de Felipe Calderón. Y eso es lo que ha provocado la respuesta tan violenta de parte de ciertos sectores del PAN.
Los alegatos en contra de la ley tienen o quieren tener, un rostro de base legal. Pero la realidad señala que todo está fincado en el terreno político. Y el juicio con la violación de los derechos humanos como soporte, podría ser lapidario no sólo para Calderón y para el PAN, sino para las fuerzas armadas. Y ello convierte el asunto en algo verdaderamente candente.
Falta poco para saber hasta dónde se llegará con todo esto. Pero la reacción del PAN es clara. Y se han lanzado a presionar con todo. Y el Pacto por México quedó en el medio de la batalla.
Por lo pronto, la iniciativa sobre víctimas es ya un hecho. Y poco a poco, se analizarán los casos. No todos serán aprobados ni todos los que lo aleguen, tendrán el beneficio de la legislación.
Pero es claro que el tema dará para mucho en muchos frentes.
Y el gobierno de Felipe Calderón tan insensible desde el ejercicio del poder, quedará en el peor de los mundos posibles.
Sin que ello signifique que el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá por delante un día de campo.
El problema para el nuevo gobierno no será el pago de las compensaciones a las víctimas. Ni siquiera el procedimiento burocrático para determinar quién sí es víctima y quien no.
El problema será que, una vez que se determine que sí existió la violación de los derechos humanos de muchos, delincuentes o no, ¿qué es lo que se piensa hacer con los responsables cuando éstos sean autoridades?
Felipe Calderón ya perdió la batalla. Pero pudiera ser que Enrique Peña Nieto alcance a lo más, una victoria pírrica en todo esto.
QMX/nda