ENQUADRE: Casinos y juegos de azar, idóneos para el lavado de dinero

El reciente escándalo  que envuelve a la Secretaría de Gobernación en torno a la autorización ilegal de casinos durante la administración del ex titular Alejandro Poiré, debe obligar a las autoridades  encargadas de la procuración de justicia a investigar a fondo en qué condiciones se otorgaron esos permisos y a quién beneficiaron, ya que este tipo de establecimientos son utilizados comúnmente por el crimen organizado para actividades de lavado de dinero y prostitución.

La investigación, es urgente, sobre todo en momentos en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto entablar un combate frontal a la delincuencia organizada mediante el ataque firme a las operaciones ilícitas, mediante las cuales se financia la compra de armas y la adquisición de estupefacientes.

Lo más grave de esto, no es el permiso para la instalación y operación irregular de los centros de apuesta y de juego, sino el probable involucramiento de ex funcionarios de alto nivel de la dependencia encargada de garantizar la gobernabilidad del país.

Es el momento en que el flamante titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz, y la Coordinación General de Información y Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), se estrenen con una amplia investigación sobre los casinos que se han instalado en diversos estados de la república, no en cuanto a los permisos, sino a sus operaciones.

Los sitios preferidos por los criminales para lavar sus ganancias son -además de las instituciones del sistema financiero, las inmobiliarias, las agencias de vehículos, las notarías- los lujosos hoteles, restaurantes, los casinos, los hipódromos y los galgódromos.

De acuerdo con la GAFISUD –organismo intergubernamental que agrupa a 12 países de América del Norte, Centroamérica y América del Sur para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo-, establece que “el lavador que busca dar apariencia de legalidad a unos recursos, se vale de actividades lícitas que se confunden con las de personas que obran de buena fe y conforme a derecho”.

Participan en este organismo –en calidad de observadores– el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo EGMONT, el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CIDAD) de la OEA.

GAFISUD señala a los casinos, juegos de azar, loterías y bingos como lugares propicios para el lavado de dinero e, indica que, algunas señales de alerta para detectar estas actividades son: modificación abrupta de los movimientos financieros, flujos financieros que no coinciden con el perfil económico, movimiento elevado de fondos en efectivo, traspaso rápido de fondos recibidos, envío de recursos a los denominados “paraísos fiscales”, sospecha de prácticas ilícitas y que las personas involucradas tengan antecedentes penales.

Las autoridades no deben ser omisas ante un problema tan delicado, en un país que se ha desangrado por las crecientes actividades del crimen organizado. Las conductas delictivas que podrían encontrase son, entre otras, ejercicio indebido del servicio público, corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias, además del lavado de dinero.

Efectivamente, si el combate a la delincuencia organizada va en serio, se deben tomar acciones inmediatas.

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