El INE y la complicidad
El gobierno de Francia ha externado, en lenguaje diplomático, su confianza en la próxima liberación de Florence Cassez. Y el paso que falta es el que la Suprema Corte falle en contra de las formas empleadas en la detención de la ciudadana francesa hace siete años.
Como se sabe, la corte podría simplemente ratificar lo que todo mundo sabe: los derechos de la detenida fueron violados uno a uno y de manera decidida. Se realizaron todos los atropellos posibles a la ley. Y se mintió abiertamente a la sociedad.
Ahora, la ministra Olga Sánchez Cordero presentaría un fallo en el que las “pruebas” con las que se acusó a la señora Cassez serían simplemente eliminadas por ser prefabricadas. Con ello, habría un nuevo juicio y por supuesto, un fallo casi inmediato al no existir soporte para la acusación.
Pero el problema no es el que se deje en libertad a la señora Cassez. Ni siquiera que, con un manejo más que singular de todo el proceso y de la ley, se quiera encontrar que siendo culpable, tiene que liberarse a la inculpada por el hecho de que las pruebas no serían aceptadas.
El problema para México es muy simple. Pero de un impacto innegable.
Genaro García Luna, al frente de la entonces poderosa Policía Federal, hizo de este caso un detonante político. Buscó y logró crear una imagen que le llevó al centro del poder en nuestro país. Realizó tropelía y media. Impidió que la detenida tuviera asistencia consular. Se le mantuvo incomunicada por un buen número de horas. Y se le obligó a “participar” en la recreación que la PF hizo para la televisión.
Los testigos “identificaron” a la señora Cassez semanas después de los hechos y bajo la presión que se ejerció para alcanzar el convencimiento del “éxito” policiaco.
Pero desde un principio quedó a la vista el montaje de todo el caso. Poco a poco, México hizo el ridículo en todo el mundo. La tensión con París alcanzó niveles singulares. Y el gobierno mexicano pagó un costo político extra.
Para mantener su decisión, el gobierno de Felipe Calderón utilizó a “líderes sociales” para cuestionar cualquier posibilidad de que la señora Cassez pudiera ser puesta en libertad. Y cuando en marzo del año pasado Arturo Saldivar, ministro que investigó el caso, hizo ver la larga seria de anomalías que se habían cometido, simplemente utilizaron a esos “líderes” para criticar su postura.
Ahora, la señora Cassez podría caminar hacia la libertad para dirigirse a su país en unos días más, si como se espera, la ministra Sánchez Cordero dictamina que toda la detención fue un cúmulo de arbitrariedades.
Pero entonces, para México iniciaría el verdadero problema de fondo: ¿qué hacer con todos los responsables del ridículo hecho por México?
¿No hay responsabilidades que perseguir? ¿No hay responsables de tamaña burla? ¿Se puede utilizar el aparato de justicia para buscar fama y poder, inculpar a la gente, fabricar pruebas y escenarios y no tener que responder por ello?
El punto no es dejar que la señora Cassez se vaya de México. El problema es saber que tenemos un aparato de justicia que puede ser violentado para fabricar culpables y no hacer nada para resolverlo.
QMX/nda