Itinerario político
Mientras un nuevo gobierno afianza su situación en México y comienza a gobernar, un nuevo reporte señala el peligro de que la sociedad mexicana se acostumbre a la violencia y la irregularidad como forma de vida.
Un estudio elaborado por Luis Rubio hace hincapié en que ambas situaciones son producto de la debilidad institucional que aqueja al país ya hace mucho tiempo, disfrazada hasta hace veinte años por la fuerza y la verticalidad de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puesta de relieve por la transición democrática que llevó a doce años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN).
La violencia ciertamente no aqueja a todo el país pero sí es un hecho saliente, toda vez que grupos de crimen organizado compiten, si es que no imponen, su voluntad en algunas regiones del país, donde la presencia del gobierno resulta más bien nominal.
La irregularidad es visible en una economía informal que literalmente es la tercera parte del tamaño de la “formal” y da ocupación a más de 15 millones de personas, según las estimaciones más serias.
El efecto de ambas es enorme. Por un lado, cada peso gastado en seguridad extra es un peso menos para inversión, ahorro o consumo; por otro lado, cada peso gastado en la economía informal ayuda ciertamente a mantener o incluso acrecentar las filas de la clase media pero es un peso menos para las arcas públicas -e idealmente- el gasto público.
Ambos fenómenos, que aunque separados coexisten y a querer o no tienen puntos de contacto, representan lo mismo: la incapacidad del estado mexicano para dar a sus ciudadanos las garantías o las condiciones necesarias para vivir en la legalidad.
Si el comercio informal es tolerado es porque sus números son cada vez mayores y al dar un ingreso hasta cómodo a muchos de sus participantes les da también aunque sea de forma indirecta un interés en la estabilidad del país y el “status quo”.
El crimen organizado no es nuevo en México pero por décadas estuvo bajo control, sea por la fuerza o por conveniencia y de creer a algunos hasta por entendimientos entre ellos y las autoridades de diversos niveles.
Ambos fenómenos son auspiciados por la corrupción y en uno, por la inexistencia de instituciones policiales y judiciales fuertes, sólidas y confiables; en el otro, por la necesidad de millones de mexicanos de lograr un ingreso y hacerlo no a través de la semilegitimidad de sus números y lo que representan en tanto que consumo y actividad no del todo ilegal que paga impuestos indirectos en la forma cuotas a líderes o derechos de piso a autoridades menores.
En su trabajo Rubio explica que el fracaso del PAN -y del país- en adecuar, reformar o reforzar las instituciones, limitadas como eran, que dejó el PRI explica en buena parte la actual situación y la urgencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en recuperar formas, fondos y hasta lo que algún analista considera como el “monopolio de la violencia” legal para un estado que tiene como responsabilidad evitar que la violencia y la ilegalidad se transformen en la normalidad de México.
Buena Suerte.
QMX/jc