El INE y la complicidad
Muy pocos, poquísimos, del círculo más cercano de colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto fueron conscientes de la decisión de modificar toda la estrategia de seguridad y la terminación de la llamada guerra calderonista contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Diversas acciones fueron ya consumadas con ese objetivo y que involucran, de hecho, a todo el gobierno, empezando por los miembros del ejército y la marina quienes abandonaron ya el perjudicial protagonismo y exposición de que fueron víctimas durante seis años.
Pero las acciones más visibles son la orden a embajadores, cónsules y representantes de México en el exterior de comunicar un país en una situación completamente distinta a la que, con obsesión, se proyectó durante los últimos seis años: violencia, miedo, inseguridad, en síntesis, guerra.
La otra que modifica la perspectiva del mismo problema, la expedición de la Ley de Víctimas que provocó la furibunda reacción del director jurídico del ex presidente Calderón, Miguel Alessio Robles.La promulgación de esta Ley General de Víctimas por parte del presidente Peña Nieto, provocó diversas opiniones que cuestionan su viabilidad y constitucionalidad. El mismo mandatario reconoció que esta ley es “perfectible” y recordó que su promulgación fue uno de sus compromisos de gobierno, luego de desistir de la controversia constitucional realizada en la administración de Felipe Calderón.
Para el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Falcón, con esta ley “la justicia no podía esperar más” y dijo que la legislación
no puede rebajarse por la falta de recursos, cuestionó que haya recursos para el Banco Mundial o la Estela de Luz y no para dar respuesta a las víctimas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideró que en la recién expedida ley se deben eliminar trámites burocráticos que impiden que llegue de manera inmediata la ayuda a las personas que lo requieren. Se necesita una ley con un andamiaje jurídico no burocrático y aseguró que contribuyó a la construcción de esta ley sin embargo en el camino cambió y se llegó al grado de que ahora es inconstitucional.
Miguel Alessio Robles, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, tronó y planteó que la Ley es una burla y no atiende a las víctimas anteriores a su entrada en vigor. “Es una ley con muchas deficiencias no atiende a las víctimas de delitos o violación de derechos humanos que lo hayan sido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, eso es inequitativo”.
El ex funcionario federal explicó que la ley es un “error”, es inoperante e inconstitucional, porque antes de que el Congreso de la Unión aprobara esta ley, debió reformar la Constitución. A su vez, Andrés Manuel López Obrador, consideró que es positiva la ley, aunque insistió en su desconfianza en el gobierno. Alejandro Martí, presidente de México SOS, sostuvo que la nueva norma se contrapone con principios constitucionales, aunque dijo estar a favor de una ley en la materia.
Tintes partidistas, opiniones sensatas y protagonismos se hacen presentes, lo que enriquece la discusión y favorece la catarsis respecto de un tema que cala en el espíritu nacional: la paz sobre los ánimos de guerra, la construcción sobre la destrucción y ver no sólo el árbol, sino ver también y disfrutar el bosque.
QMX/am