DINTEL: El reparto de cartas y carteras

Uno de los graves problemas de los últimos cuatro presidentes de la República ha sido la gravísima concentración de la atención mediática. Sus inexpertos consejeros en asuntos de imagen les han hecho creer que sin su presencia en los medios, el país, de plano, se detiene.

La mayor crisis de este modelo ocurre con los presidentes panistas, pues tanto Vicente Fox como Felipe Calderón antes de cumplir con los procedimientos de ley pretendieron, fallidamente, cumplir con los medios.

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, es consciente de que la forma es fondo y por eso, reparte juego a sus coordinadores priistas en las cámaras de Senadores y Diputados, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera, a quienes obliga, de paso, a responsabilizarse del curso y operación de las reformas que, desde el primer día, operará su gobierno.

Fox hubiera mandado la iniciativa de reforma, primero, a los medios electrónicos; Calderón hubiera grabado un mensaje a la Nación y Peña Nieto realizó el camino de la institucionalidad, al encomendar a sus correligionarios la promoción de los cambios.

La iniciativa que reforma la administración pública federal que entregó el presidente electo, Enrique Peña, al líder de los diputados del PRI, disminuye y reorganiza el aparato gubernamental, fortalece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y le regresa a ésta la rectoría en materia de seguridad pública.

De paso, da un zape al programa estrella (que terminó estrellado) del calderonismo, la fallida seguridad pública. El documento, implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la creación de la poderosa “Subsecretaría del Interior”, que coordinaría las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito; el control del sistema penitenciario y de readaptación social, y se haría cargo del manejo oportuno y el control de la información sobre seguridad pública nacional.

Plantea que el Secretario de Gobernación proponga al “Comisionado General de la Policía Federal” y al “Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario” y que éste, a su vez, presida la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. La iniciativa también contempla la formación del Acuerdo llamado de la Gendarmería Nacional, integrada en una primera etapa por 40 mil elementos de las Fuerzas Armadas, y también dependerá y rendirá cuentas al titular de la SEGOB.

Gobernación además -señala el documento- se encargaría de coordinar a los Secretarios de Estado y a los titulares de entidades paraestatales para dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República. Es decir hace las veces de jefe del gabinete, atribución que ya existía en el pasado, acordando con aquéllos las acciones necesarias.

La misma propuesta, prevé la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y, por lo tanto, la operación de control gubernamental correspondería a las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia con las reglas que emita y al mismo tiempo supervise, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ésta última también establecería las normas y emitiría las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos; contratación y remuneraciones del personal; Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y llevaría el registro de servidores públicos y de sus declaraciones patrimoniales. Por otro lado, la reforma propone cambiar el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria a “Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, a fin de atender no sólo lo relacionado con el campo, sino también los problemas urbanos.

De la máxima importancia será también el órgano de combate a la corrupción cuya operatividad deberá impactar desde el principio para evitarle que su destino sea el de la secretaría de la Contraloría, es decir una burocracia inútil y onerosa.

El reparto de cartas con que empieza a operar Peña Nieto conlleva también el reparto de las carteras, es decir el nombramiento de los funcionarios encargados correspondientes, anunciado para 48 horas antes de la protesta presidencial constitucional.

En el fondo, el mensaje del presidente a propios y extraños es que cada quien su chamba y su responsabilidad, sin hacer como que hacen y no dan resultados.

QMX/am