ENQUADRE: No volvamos al pasado….

La experiencia nos ha demostrado que es sumamente peligroso mezclar los intereses políticos con la procuración e impartición de justicia, ya que esto es caldo de cultivo y tentación para la violar los derechos humanos y trasgredir las garantías individuales.

Aún sin conocer a fondo la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública que dio a conocer el próximo ejecutivo federal, tan sólo la idea de volver a la época en que Gobernación ejercía acciones de una super-secretaría con funcionarios como Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Barttlet, entre otros, genera mucha preocupación porque la justicia estaría sometida, nuevamente, a los intereses del grupo gobernante.

Las represiones a movimientos obreros, campesinos, sociales y estudiantiles; la desaparición, secuestro y muerte de luchadores sociales y de opositores al gobierno han sido resultado de esta explosiva  combinación de intereses.

Tal vez el nuevo mandatario plantea que la Secretaría de Gobernación sea la punta de lanza que habrá de coordinar la lucha contra la delincuencia organizada, sin embargo, la posibilidad de utilizar las investigaciones de inteligencia para reprimir a los inconformes con la administración pública es una tentación creciente para quien ejerza el poder.

Si bien la Secretaría de Seguridad Pública federal ha sido cuestionada por las acciones de sus funcionarios, particularmente los cercanos y el propio Genaro García Luna, sería grave que una institución como ésta dependiera del ejecutivo federal, pues podría degenerar en una nueva Dirección Federal de Seguridad, de tristes recuerdos y en jefes policiacos como Miguel Nazar Haro, Luis de la Barrera y José Antonio Zorrilla Pérez o militares  como  Mario Arturo Acosta Chaparro.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad la autonomía entre los poderes de la federación. En el caso  de la procuración de justicia, el Ministerio Público federal tiene o debe tener todas las facultades para investigar y perseguir los delitos, sin embargo con las reformas de los gobiernos panistas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha quedado subordinada a las secretarías de Seguridad Pública, de Marina y Defensa Nacional, además de Gobernación.

La procuración e impartición de justicia deben ser totalmente autónomas  del Ejecutivo, no solo en apariencia sino en los hechos, porque el riesgo mayor para nuestra sociedad es que sigan existiendo presos de consigna.

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