ENTRESEMANA: Comisión legislativa para (A)normalistas

Fue en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez cuando se inauguró la época dorada de la creación de comisiones legislativas y fideicomisos para atender cualquier problema, por mínimo que fuera. De ahí la referencia de que cuando se quiera complicar o mandar al limbo un conflicto, lo mejor es crear una comisión de diputados o senadores para atenderlo.

De los fideicomisos su razón de ser es la de dar chamba a los amigotes, a los cuates, o utilizarlos para cooptar a un crítico del sistema y ponerlo a trabajar con un jugoso salario, es decir, mantenerlo ocupado y bien aprovisionado de pechereques para que no cause problemas.

Aunque en los últimos doce años de administraciones panistas, los fideicomisos como los fondos especiales han servido para mandar a espacios de opacidad millonarios recursos del Presupuesto de la Federación, o lo que es lo mismo echarlos al barril sin fondo y a salvo de la Auditoría Superior de la Federación; una rascada en los libros contables de esos entes arrojarían, sin duda, las huellas digitales de quienes se han enriquecido en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Pero, bueno, aquí el tema de las comisiones legislativas aterriza en esa que se creó, a propuesta del PRD y apadrinada por el coordinador de los diputados federales perredistas, Silvano Aureoles Conejo, para atender el conflicto político-social provocado por los estudiantes de tres escuelas normales del estado de Michoacán: las de Tiripetío, Arteaga y Cherán.

Es sobradamente sabido que en política no hay casualidades. Aureoles Conejo fue candidato del PRD al gobierno de Michoacán y fue derrotado por su contrincante del PRI, Fausto Vallejo, un político con muchas tablas que ha sido tres veces alcalde de Morelia.

Y, bueno, ahora resulta que el perredismo ha encabezado la demanda de desaparición de poderes en aquella entidad, un mecanismo para obtener la defenestración del gobernador a causa del conflicto provocado por los normalistas en alcance del otro grave problema generado en las casas de estudiantes en Morelia; ello, sin pasar por alto los recurrentes paros y tomas de instalaciones en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En estas condiciones de violencia y zozobra generada por los estudiantes normalistas, las movilizaciones prohijadas por el PRD en especial con sus grupos afines en la ciudad de México y en los estados de Oaxaca y Guerrero, incluso en Guadalajara, en apoyo de la causa michoacana tuvo las características del inicio de una escalada de violencia a nivel nacional.

Perversa maniobra porque de dicha escalada no sólo se culparía al gobernador de Michoacán. No, sería la pauta para acabar de enrarecer el escenario previo a la asunción de Enrique Peña Nieto. La ruta al primero de diciembre estaría apisonada con actos represivos de cuya causal se culparía a un gobernador del PRI.

Y es que hay perversidad en los argumentos esgrimidos por Aureoles Conejo y los legisladores perredistas michoacanos respecto del caso de los estudiantes normalistas.

Sólo una muestra de la enorme mentira que echaron a andar para acusar a la administración de Fausto Vallejo de haber reprimido a los normalistas durante la recuperación de las escuelas y vehículos secuestrados: no fueron los policías quienes incendiaron los autobuses ni reprimieron, en todo momento estuvieron representantes de Derechos Humanos de aquella entidad.

La presión, sin embargo, logró una salida salomónica al conflicto, que no su solución, con la libertad bajo caución de 49 normalistas que estaban recluidos en el penal de Morelia. Bajo fianza no implica borrón ni amnistía; incluso la decisión del juez fue seguida del recurso de inconformidad del gobierno estatal. Cuestión de ver hacia adelante y prever el escenario que es más de lo mismo y la cesión a chantajes políticos.

Bien, el gobierno de Fausto Vallejo no cayó en el garlito y evita complicar el escenario en el que Peña Nieto rendirá protesta como Presidente de México.

¿Entonces, para que una comisión legislativa? Digamos que es el juguetito de Silvano Aureoles Conejo y compañía que les permitirá “investigar” la situación de este conflicto michoacano. Sin duda, el resultado arrojará responsabilidad del gobernador Vallejo. ¿Y?

El punto toral del conflicto es que los normalistas no quieren estudiar computación ni inglés. Por eso tomaron las escuelas y quemaron autobuses y cerraron carreteras. ¿Presos políticos? Esa es una vacilada. ¿Impunidad? Absoluta, como en la ciudad de México donde los muchachos bajo el mando del doctor Mondragón y Kalb pueden ser acusados de complicidad en la comisión de delitos graves, porque a pesar de haber sido testigos del asalto al inmueble que ocupa la representación del gobierno de Michoacán en el Distrito Federal, no intervinieron.

¿Comisión legislativa? Ganas de joder al vecino, porque al final de cuentas los (a) normalistas michoacanos están obligados a cursar las materias requeridas en su capacitación. Ya lo dijo el secretario de Educación Pública, el doctor José Ángel Córdova Villalobos: la reforma curricular a la educación normal no puede tener condiciones especiales y por tanto no se retrasará un año en Michoacán, como piden los estudiantes normalistas de esa entidad.

Y acotó que no le dejará este conflicto a la próxima administración, que encabezará Enrique Peña Nieto.  Como diría la filósofa del barrio: ¿Me estás oyendo, inútil? Conste.

[email protected]

QMX/msl