LA COSTUMBRE DEL PODER: Lydia Cacho

La ministro Olga Sánchez Cordero se apresta para defender el debido proceso, la pulcra administración de justicia en el caso de Florence Cassez, pero no lo hizo, o al menos no con la suficiente entereza, cuando Lydia Cacho lo necesitó. Hoy, por su seguridad personal vivirá fuera de México. Es el autoexilio, aunque por razones diferentes a la elección del presidente constitucional para refugiarse en Estados Unidos.

Si la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Lydia Cacho versus Mario Marín se hubiera apegado a Derecho, a la Constitución, al sentido común y al mandato de la justicia y la legalidad, los orondos ministros hubieran sentado jurisprudencia, y quienes hostigan, persiguen, quieren matar a Lydia Cacho se cuidarían de hacerlo.

Pero no, si Mario Marín tiene impunidad, ¿por qué no habrían de tenerla los que en un momento fueron sus secuaces, o aquellos que como Kamel Nacif defendieron a Jean Succar Kuri por aquello de las complicidades y la obsesión por disfrutar de los demonios del edén? En primera y última instancia, lo que suceda a la periodista auto exiliada es consecuencia de esa sumisa resolución del Pleno de la Corte, emitida para responder a intereses políticos y preservar las dádivas presupuestales a cambio de la sumisión ética, moral, legal y constitucional.

La realidad, el tiempo, las presencias, todo se confabula para dar oportunidades o jugar malas pasadas a quienes violentaron la ley, hacer de su destino una broma, una incertidumbre o brindarle la impunidad que se requiere para vivir sin riesgo a pesar de haber delinquido.

El día, exactamente el mero día en que el Pleno de la Corte debió pronunciarse sobre el caso Mario Marín, muy temprano buscaba en los pasillos del laberíntico edificio del Tribunal un mingitorio. Para llegar a ese lugar debí pasar frente al comedor de los ministros, donde la puerta se abrió y me permitió constatar que en serio y discreto coloquio desayunaban Mariano Azuela Güitrón y Manuel Bartlett Díaz. Horas después, el gobernador de Puebla resultó exonerado. Le garantizaron impunidad.

Claro que el ministro y el político pudieron estar hablando del clima, del derecho a la verdad, de la necesidad de la información, de cualquier otra cosa menos de Mario Marín y Lydia Cacho, pero no puede dejar de suponerse que uno cabildeaba y el otro accedía a ser obsecuente con las necesidades del poder por sobre las exigencias de la justicia.

Me advierte mi gurú especializado en administración de justicia y filosofía del derecho: “Un grupo de hombres poderosos que gobierne es tan culpable como un simple individuo de los delitos que comete, pero en el caso del gobierno el delito es mayor y más odioso, porque es como si derribara las murallas de la ciudad dejándola indefensa ante el enemigo”.

Repito, lo que ocurra a Lydia Cacho en el futuro es consecuencia de una pésima resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que avaló la impunidad por sobre su mandato constitucional y el derecho al trabajo y a la vida.

QMex/gom