Ráfaga/Jorge Herrera Valenzuela
Otro aspecto de las consecuencias de aspirar a fortalecer el presidencialismo, de regresarle la autoridad perdida por el desmantelamiento de las instituciones adscritas al Poder Ejecutivo, iniciado durante el salinato y continuado durante 24 años, consiste en la imposibilidad de acotar otra vez el pacto federal con el propósito de regresar al centralismo.
La institución presidencial continúa como fuente y abrevadero del poder en México. Naturalmente disminuido, tanto que se habló del Estado fallido. Hubo gobiernos omisos que debieron aprender cómo gobernar con la sustitución de unos grupos por otros y con el fortalecimiento de los poderes fácticos.
Se dio en automático un corrimiento de los asientos en los que se sustentaba el poder presidencial: la fuerza política, instrumentada y administrada desde la Secretaría de Gobernación, fue sustituida por la diarquía económica encarnada en la gubernatura del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desmantelaron la inteligencia política para sustituirla por la importante y necesaria presencia de las aportaciones federales en los presupuestos estatales. La premisa es simple: mano generosa, mano poderosa.
Hoy, a los gobernadores les importa, les interesa más tener contacto con el titular del despacho de Hacienda que con el de Gobernación, porque es con dinero, con recursos fiscales puestos a su disposición, como responderán a las necesidades de sus gobernados, establecerán control político y paz social locales, hoy en entredicho porque la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue incapaz de cumplir con su mandato constitucional.
Lo anterior ha facilitado que el pacto federal se desprendiera de la tutela política del centralismo, del secretario de Gobernación en funciones, con el propósito de que el federalismo, el acuerdo que construye y funda la República, empiece a funcionar como debió hacerlo desde 1821, cuando se obtuvo la Independencia, y como después fue diseñado en las sucesivas constituciones de 1824, 1857 y 1917.
Regresar la tutela política de los gobernadores al encargado del despacho de Gobernación es una utopía, pero pueden empeñarse en ello si quienes hoy gobiernan las entidades federativas son anuentes a claudicar en esa independencia lograda, si los poderes fácticos están de acuerdo en ceder su influencia e injerencia en el BM y la SHCP, para restituir al presidencialismo un control político hoy inexistente.
El proyecto de nación en México, las propuestas de reformas económicas estructurales y la reforma del Estado para iniciar la transición del modelo político, están en el limbo en que las colocó la alternancia, porque creyeron, los panistas, que con hacerla cumplieron, o porque se percataron de que nada podrían hacer para que el país cambiara, sin que antes los actores políticos y los administradores de los poderes fácticos adquiriesen consciencia de la inevitabilidad del cambio, o la consunción de la República.
No es un asunto de suposiciones. La concreción del pacto federal, al fin, se inició; regresar al centralismo, poner bajo la tutela política del secretario de Gobernación a los gobernadores y disminuir el poder real del área económica de gobierno, es algo más que una utopía.