Se manifiestan periodistas en el Congreso de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., 9 de abril de 2014.- Reporteros y fotógrafos de diferents medios de comunicación se manifestaron al interior del Congreso de Guerrero, para exigir respeto a la actividad periodística y a las legislaciones que respaldan la secrecía de las fuentes de información.

De uno en uno, ingresaron pancartas ocultas al palacio legislativo y las mostraron al inicio de la sesión.

«Diputados ignorantes», «respeto a la libertad de prensa», «periodistas unidos jamás serán vencidos», fueron algunas de las consignas que lanzaron los reporteros desde el área de galerías.

La mesa directiva del Congreso local pidió compostura y recordó la legislación en la que se exige silencio y se prohíben las manifestaciones al interior de la sala de pleno.

Esto no calmó los gritos de los comunicadores, quienes colgaron sus pancartas en el balcón de galerías y mantuvieron los abucheos contra los diputados, a quienes acusaron de desconocer las leyes.

El presidente de la comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez acudió al área de prensa e invito a los reporteros a una reunión, para aclarar el conflicto.

El encuentro se desarrolló entre los periodistas, los integrantes de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Óscar Díaz Bello.

La reportera del periódico La Jornada Guerrero, Citlal Giles Sánchez, leyó un documento en el que se planteaba la inconformidad del gremio periodístico.

El documento indicaba textualmente: «Los integrantes de la Comisión de Cuenta Pública de esta legislatura leyeron un documento en el que exigen a la reportera de El Sur, Rosalba Ramírez García, que de a conocer los nombres de quienes le dieron la información relativa a irregularidades observadas por la Auditoría General del Estado (AGE) en las cuentas públicas de 14 ayuntamientos, correspondientes al año 2012».

Un día antes de que esto ocurriera, la AGE informó que había presentado una denuncia de hechos en el Ministerio Público local en contra de quien resulte responsable de la filtración de esa información, que además se publicó en los periódicos La Jornada Guerrero, bajo la firma de la reportera Citlal Giles Sánchez y Puntual, bajo la firma de Vanessa Cuevas Bonilla.

«Periodistas y organizaciones del gremio nos hemos reunido para venir aquí a solicitarles una retractación pública, a demandarles que desautoricen la exigencia de los diputados de la comisión señalada, porque se trata claramente de un acto de intimidación», indicaba el documento.

Recordaron que los periodistas tienen el derecho de mantener en secreto los nombres de sus fuentes y de información, así como a reservar sus apuntes y archivos personales y profesionales.

Ese derecho, indicaron, no solamente está consagrado en tratados internacionales o en normas de carácter federal, sino que fue reconocido en Guerrero por la 58 legislatura, que derogó los llamados delitos de prensa y que en ese proceso introdujo en el código penal una disposición que considera como un abuso de autoridad el que se pretenda obligar a los periodistas a revelar secretos propios de su profesión, en este caso, los nombres de quienes les proporcionen información de interés público.

También exigieron el desestimiento de la denuncia de hechos interpuesta por la AGE el 26 de marzo, con la que se busca dar con los responsables por la filtración de los documentos que revelan irregularidades en las cuentas públicas de 14 ayuntamientos.

El corresponsal de Milenio, Rogelio Agustín Esteban, sostuvo que tanto la AGE como el Congreso local cometieron un exceso, que trastoca el derecho de la sociedad para acceder a información pública.

Expresó: «Se habló de que sería la PGJE la indicada de llamar a comparecer a las compañeras reporteras para exigir que revelaran sus fuentes. Que el poder Legislativo Le pida a un órgano encargado de perseguir los delitos que la obliga a revelar una fuente informativa escala a otra dimensión, no es válido y no lo podemos permitir».

La reportera Rosalba Ramírez García cuestionó que los diputados desconozcan las leyes en la materia, a pesar del cargo que ostentan.

Al respecto, el diputado Bernardo Ortega aseguró que el Congreso local ha sido respetuoso de la labor periodística y aclaró que no existe la intención de coartar la libertad de expresión ni hostigar a los reporteros.

Sostuvo que no existe por parte del Congreso ninguna denuncia penal para que Rosalba Ramírez, Citlal Giles y Vanessa Cuevas revelen sus fuentes de información.

El diputado Héctor Apreza Patrón se sumó a la exigencia de los periodistas y respaldó la petición de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Óscar Díaz Bello, otorgue una disculpa formal y pública a las reporteras.

En cuanto a la denuncia de hechos sugirió: «Respetando la autonomía técnica y financiera que hasta estos momentos tiene la AGE, propongo que hagamos un exhorto a que desista de ese tipo de situaciones».

Por su parte Díaz Bello aseguró que el mensaje emitido en la conferencia de prensa que ofreció el 27 de marzo fue «malentendido».

«El supuesto era un posible escenario que se podía dar porque el día anterior nos enteramos que el auditor había presentado una denuncia de hechos para exigir que se revelara la fuente. Siempre he sido respetuoso de la información que ustedes manejan», argumentó.