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MORELIA, Mich., 23 de abril de 2014.- La estrategia de seguridad del gobierno federal en Michoacán debe evitar que los grupos de autodefensa sean infiltrados por la delincuencia organizada y al mismo tiempo se deben de generar las condiciones para que las instituciones del Estado mexicano recuperen los espacios que los grupos de civiles armados han allanado durante más de un año en la entidad, refirió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Guillermo Anaya.
En entrevista, tras sostener una reunión a puerta cerrada entre una veintena de legisladores federales con el comisionado federal, Alfredo Castillo y el procurador José Martín Godoy y Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública, el panista confió en que el próximo 10 de mayo se logrará el cometido de desarmar a los grupos de autodefensa, lo que equivale a que la población recupere la confianza en las autoridades federales y estales.
Anaya mencionó que uno de los temas que se tocó en el conclave, que duró cerca de cuatro horas, fueron los intentos de infiltración en las autodefensas que ha realizado el crimen organizado.
Ante este panorama los legisladores urgieron para que no se prolongue el desarme más allá del 10 de mayo y los miembros de los grupos de autodefensa sean debidamente registrados de acuerdo a lo previsto por la ley.
El diputado dijo que el comisionado Alfredo Castillo les informó que tras él está un equipo de 500 personas, entre ministerios públicos e investigadores, quienes lo acompaña en la atención de la entidad y en la implementación de la estrategia de seguridad y desarrollo que cumplió 3 meses el pasado 13 de abril.
Al ser cuestionado por la ausencia del titular del Ejecutivo en la reunión, el presidente de la Comisión de Seguridad mencionó que ante “los problemas” que enfrenta la entidad la intervención de la Federación debe ser “subsidiaria” pero temporal.
“Una vez que se limpie Michoacán, el gobierno estatal no podrá seguir actuando como lo venía haciendo con omisiones sino que lo deberá de hacer con mayor responsabilidad”, resaltó el legislador del albiazul.
En torno al arraigo del ex secretario de gobierno, Jesús Reyna y su presunta complicidad con grupos delincuenciales, Guillermo Anaya sostuvo que se debe aplicar el estado de derecho en el caso del también ex gobernador interino y si existe alguien más involucrado también debe ser sometido a proceso.
–¿Aunque los involucrados pudieran ser familiares de Fausto Vallejo?
— Aquí no se trata ni de partidos o de ver a quién se protege, sino por el contrario, y aquí se habló ampliamente de eso, de que se tiene que actuar independientemente de quién sea, respetando siempre los derechos humanos pero haciendo aplicar la ley en la entidad.