Prevén nueva petrolera estatal

MEXICO, DF, 26 de mayo de 2014.- El gobierno mexicano aprobará una reforma energética de carácter “intermedio” que considera las tensiones políticas, las cuestiones técnicas de la industria y el papel que desempeñarán las petroleras internacionales, señaló un ejecutivo de la multinacional mexicana Goodrich Riquelme Asociados a empresarios convocados por Credit Suisse, destaca un artículo que publica Oilgram Platts News Service, revista especializada en energía.

México debe actuar con rapidez, pues la producción petrolera mexicana apenas rebasa los 2.5 millones de barriles diarios, y para elevarla a 3.1 millones, se requieren inversiones que superan los 30 mil millones de dólares anuales, aseguró David Enríquez, socio propietario de Goodrich, a los empresarios internacionales.

Para el ejecutivo de Goodrich Riquelme –empresa con casi 80 años de experiencia– la urgencia que impone al Estado Mexicano la acelerada declinación de su producción petrolera atenuará los poderosos obstáculos políticos que impidieron la reforma en el pasado.

“Históricamente PAN y PRI han mantenido profundos desacuerdos en la materia, pero la necesidad de la reforma prácticamente garantiza la integración de una súper mayoría en el Congreso para aprobar la reforma”, aseguró.

Además, “la energética es la madre de todas las reformas a la economía mexicana, e indudablemente el presidente Enrique Peña Nieto invertirá en ella buena parte de su capital político”, agregó Enríquez.

En la lógica del empresario, señala Oilgram Platts, las probabilidades de un acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ultra conservador Acción Nacional (PAN) son mucho más altas que una eventual ruptura, y ese escenario contempla un amplio y complejo espectro de posibilidades contractuales para el sector.

Entre esas posibilidades, Enríquez considera necesaria la creación de una nueva empresa petrolera mexicana o una entidad paralela a Pemex que tenga el poder de otorgar concesiones y contratos de producción compartida con las empresas privadas, nacionales y extranjeras, en virtud de que petróleo y gas son propiedad del Estado Mexicano.

Sin embargo, reitera el empresario, dicha empresa “requeriría también una modificación constitucional debido a la naturaleza de las concesiones y de los contratos de riesgo compartido”.

Eso es común en México, como lo demuestra la última modificación en materia de telecomunicaciones, y el gobierno federal necesita urgentemente recursos, pues las inversiones requeridas podrían superar ampliamente esa cifra, pues casi tres cuartas partes de los 115 millones de barriles de reservas estimadas de petróleo son no convencionales (se ubican en aguas profundas o son gas de esquisto) y  su explotación requeriría de más de 100 mil millones de dólares al año, aseguró el ejecutivo de Goodrich Riquelme.