Criminaliza el gobierno la lucha social, acusa el CAP

MÉXICO, DF, 13 de junio de 2014.- La vía de la imposición por la que ha optado el gobierno federal en lo que se refiere a las reformas constitucionales ha dejado, tan sólo en el estado de Guerrero, 13 asesinatos políticos y al menos siete mil 600 desaparecidos, denunciaron las organizaciones que integran el denominado Consejo Agrario Permanente (CAP).

Ante el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, señalaron que existe un ambiente de criminalización de la lucha y la protesta social porque el país sigue avanzando en la ruta de la polarización del campo, en la que se encarcelan a líderes sociales.

El crimen del activista Esteban Cruz, líder indígena y opositor al proyecto hidroeléctrico Cuamono en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla, se debió a su oposición a una de las ocho hidroeléctricas concesionadas en la zona, “y no por conflicto agrario como el gobierno argumenta”, acusaron.

“Si el gobierno diera el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades, en lugar de una política de despojo en el Artículo 91 y 96 de la Ley Reglamentaria de Hidrocarburos, se resolverían un problema en el que se fortalecería la ruta del dialogo y el régimen de propiedad de la tierra”, planteó el CAP