La sociedad no confía en las instituciones

Sigo pensando que la aceptación por parte de la sociedad sobre las bondades de la reforma energética y en especial cuando se aprueben las leyes secundarias en está materia, independientemente que se siga diciendo que los beneficios para el pueblo de México,  se sentirán pronto sobre todo en el sector eléctrico y el gas, lo importante sigue siendo el lograr credibilidad en la institución gubernamental, todo por la percepción negativa de la gente, originada por la impunidad y la corrupción. El pueblo en general percibe Incredulidad, corrupción, pesimismo, desencanto… esos términos se aplican por igual sobre el estado, la prensa y partidos políticos

La crisis de los partidos, de los congresos y de la clase política se siente en nuestro país y desata toda suerte de expectativas. Esto está sucediendo en America Latina, Incertidumbres en Argentina en medio de la crisis en que la población está pagando los errores generados  por una clase política que no respondió; una clase media que tuvo una situación de comodidad y que esta volviendo a sentir la pobreza en  Brasil; pesimismo en Venezuela en donde partidos y políticos, más que solución, son agravantes del conflicto; escepticismo total en Colombia en donde los partidos, con banderas desvanecidas y fragmentadas como las de ejércitos en derrota, han perdido su fuerza; desconcierto en Ecuador en donde aún no se asimila la victoria indígena contra unos debilitados partidos ancestrales; vientos de inclemencia en Bolivia.

Una reciente encuesta de CIMA arrojó porcentajes contundentes: los últimos lugares en credibilidad institucional son para los congresos y los partidos políticos. En Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia y Ecuador la desconfianza hacia los partidos fluctúa entre el 75 y el 90 por ciento; y en relación con los congresos es del 70 al 90 por ciento. Son hechos y la encuesta agrega: «las nuevas condiciones institucionales, culturales y tecnológicas del ejercicio democrático, han vuelto obsoleto el sistema de partidos existente y el régimen actual de política competitiva».

Instrumentos legales como el derecho de acceso a la información se desconocen en la mayoría de estos países en donde el periodista y la población se han acostumbrado a mendigar información y desconocen el manejo de las instituciones y mecanismos creados para exigir ese derecho

La segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del INEGI dejar ver percepciones de desconfianza que reflejan la separación que los políticos y funcionarios públicos han tomado con los ciudadanos. Los considerados como los más corruptos son: con 84.4% de preferencia los partidos políticos, con 77.2% los gobiernos estatales y con 77% los diputados y senadores.

Como lo hemos estado comentando considero necesario exigir a nuestros legisladores que le den salida a los pendientes de México en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, lo que cobra preeminencia ahora que contamos con este estudio de desconfianza ciudadana. Algunos grupos sociales han planteado una agenda  necesaria para encausar una ruta más efectiva hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Las leyes secundarias de la Reforma Constitucional en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales siguen embrolladas en la discusión legislativa, no es posible seguir condicionando su aprobación a intereses partidistas.

Lo primero que requiere la sociedad mexicana es una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de una Ley General de Archivos, que amplíen y fortalezcan el ejercicio del derecho contenido en la reforma Constitucional. Se necesita una apertura  al seguimiento puntual ciudadano de los procesos de designación de los responsables de órganos garantes de acceso a la información pública, órganos autónomos y órganos con funciones de evaluación, control y vigilancia. Otro asunto pendiente es la garantía de los datos abiertos en todos los niveles de la administración pública. Es necesario que gobiernos se sumen a esta agenda para poder potenciar su uso y promover la institucionalización de datos abiertos, tanto en estados y municipios, como en los poderes legislativo y judicial, que hoy no cumple necesariamente con los estándares requeridos.

Por otro lado se debe lograr la articulación de un verdadero Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, haciendo particular énfasis en la prevención y sanción efectiva de actos de corrupción, así como el uso de mecanismos de control y monitoreo ciudadano.

Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí