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OAXACA, Oax. 27 de junio de 2014.- La fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), Laura Borbolla Moreno, informó que las autoridades estatales son las que en mayor medida agreden o generan agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.
La funcionaria de la PGR consideró que en México, la libertad de expresión sigue siendo un derecho vulnerado.
En parte, dijo, porque ni las autoridades ni los comunicadores estaban preparados para enfrentar las agresiones en contra de los trabajadores de los medios de comunicación a partir del incremento de la violencia en el país.
A la fecha, explicó, no hay un delito federal con el que se proteja la libertad de expresión, por lo que los delitos contra personas y medios son competencia del fuero común.
“No hay protocolo de actuación en el caso de agresiones a periodistas o contra la libertad de expresión”, afirmó.
Dijo que en la PGR se investigan los delitos contra los medios de comunicación o personas que colaboran en ellos, sin embargo, muchas veces durante la indagatoria se descubre que a veces no están vinculadas con su actividad.
La Fiscalía le apuesta a prevenir las agresiones a partir de tener buenas prácticas profesionales en el ejercicio de la profesión, expuso.
La funcionaria ofreció iniciar una investigación sobre lo ocurrido en San Juan Cotzocón, municipio de la Sierra Mixe, donde un funcionario puso en riesgo la labor e integridad de dos reporteros de Quadratín.
Borbolla Moreno dictó la conferencia “Prevención del Delito, Retos y Obstáculos en la Investigación de Agresiones a Periodistas” en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la UABJO.
Dijo que la Fiscalía a su cargo tomará conocimiento del caso pues “no se debe permitir que funcionarios de cualquier nivel de gobierno provoquen este tipo de situaciones”.
Acompañada por el procurador General de Oaxaca, Joaquín Carrillo y de la delegada estatal de la PGR, Alicia Sánchez, la funcionariahabló del contexto de violencia que se da en contra de los comunicadores y lo que hace la dependencia para atender e investigar estos hechos.