Reforma en Telecom permitiría espionaje del gobierno a ciudadanos

MÉXICO, D.F., 2 de julio.- El predictamen de las leyes secundarias en telecomunicaciones que se discute en las comisiones del Senado establece que los concesionarios deberán entregar al Estado información personal de los usuarios, incluyendo su localización geográfica en tiempo real, además de estar facultados para bloquear la señal a petición del gobierno federal.

Así lo establece el artículo 190 presentado este miércoles ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos, con lo cual el gobierno podría intervenir las comunicaciones de los ciudadanos de manera discrecional, por motivos de seguridad.

Los concesionarios de telecomunicaciones deberán “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes”, de acuerdo con el texto presentado por el panista Javier Lozano.

Los concesionarios de telefonía móvil estarán obligados a entregar al gobierno:

a) Nombre de los usuarios, razón social y domicilio del suscriptor.

b) Tipo de comunicación o servicio multimedia empleado.

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación.

“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen”, señala el documento.

La fracción VII del artículo señala que los concesionarios están obligados a “realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables”.

El texto plantea que los concesionarios deberán guardar la información de los usuarios durante dos años para que sean consultados por el gobierno cuando este lo requiera.

“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control”, se agrega en el predictamen.