Corrupción: un país de cínicos
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
El pasado 16 de julio, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se expedirá la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cuyo propósito será facilitar que las personas solucionen sus conflictos a través del diálogo y sin la intervención de un juez.
Esta nueva ley contempla mecanismos como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, que constituyen formas de solución de controversias que actualmente ya funcionan pero cuya regulación y alcance cambian de estado a estado a lo largo de la República.
El mérito de esta nueva ley radica en que será la única en la materia para todo el país; es decir, que todas las personas, ya sean del norte, centro o sur de nuestro territorio, se sujetarán a las mismas reglas en caso de que se vean involucradas en un conflicto susceptible de solucionarse a través de estos mecanismos.
En los últimos años, los mecanismos alternativos de solución de controversias han tenido un impacto positivo en la impartición de justicia, pues han contribuido al desahogo de la carga de trabajo que durante años ha agobiado a los juzgadores, facilitando el acceso de los ciudadanos a la justicia y a la reparación del daño producido por la comisión de delitos.
La práctica y la experiencia adquiridas con el tiempo han demostrado que, muchas veces, el resultado de un proceso penal no cubre las expectativas de los involucrados. En contraparte, la aplicación de los mecanismos alternativos ha conseguido que las personas solucionen sus conflictos de manera más ágil y efectiva, obteniendo resultados más cercanos a lo esperado.
Tal fue el caso de Juan, quien hace aproximadamente tres años sufrió un accidente de tránsito que le provocó algunas lesiones y dejó inservible su vehículo. Al no obtener la reparación del daño por parte del responsable, decidió iniciar una averiguación previa que tardó mucho en integrarse. Meses después y para salir de su problema, decidió acudir a mediar su conflicto al Centro de Justicia Alternativa. En menos de un mes, la mediación llevada a cabo logró que el responsable se comprometiera a pagar los gastos generados por el accidente y, de esta manera, la averiguación previa se dio por terminada, lo que fue un alivio para todos.
Además de que el número de juzgadores que existe en el país no suele ser el óptimo para atender la gran cantidad de expedientes que se generan, su atención muchas veces se ve distraída por la investigación y esclarecimiento de delitos cuya comisión produce una escasa repercusión social, tales como robos, fraudes o abusos de confianza por cantidades muy bajas, lesiones leves o injurias, entre otros. En este contexto, antes de denunciar, la población prefiere dejarlo en el olvido porque temen enfrentarse a un proceso cansado que, probablemente, sea más costoso que el daño sufrido.
Por tal motivo, para los impartidores de justicia y para muchos ciudadanos que han sido víctimas de este tipo de delitos, la Justicia Alternativa ha sido la forma más viable para solucionar sus conflictos. Además, de esta manera se deja de criminalizar todo hecho contrario a la ley y se brinda una oportunidad de corrección al culpable sin el estigma de quien es señalado como delincuente.
Esta ley, una vez que inicie su vigencia, se sumará al Código Nacional de Procedimientos Penales para que, en conjunto, formen parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene la finalidad de prevenir y combatir eficazmente los delitos, asegurar el respeto a los derechos de los involucrados y reparar el daño a las víctimas, contribuyendo con ello a una mayor armonía social.