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MÉXICO, DF., 6 de agosto de 2014.- En menos de una semana, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) ha cerrado dos radios comunitarias en Puebla. En ambos casos había un denominador común: incomodidad de las autoridades estatales por el contenido de denuncia que manejaban.
Sin embargo, estas emisoras no contaban con permiso y parece ser que bajo la reforma de Telecomunicaciones (que entrará en vigor en 10 días) no mejorará su situación y no será más fácil la regularización si estas estaciones de radiodifusión no se acercan a la autoridad para salir de la clandestinidad, afirma Erick Huerta, asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena.
El también consejero en asuntos indígenas en Oaxaca y está en la lista de expertos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En entrevista, Huerta despeja unas cuantas dudas de la actuación del IFETEL en el cierre de las radios comunitarias y cuál es el futuro de estas bajo la nueva reforma Telecom.
–¿Cuántas emisoras comunitarias hay en México y de ellas, cuántas no cuentan con permiso?
–De emisoras comunitarias, sólo en Oaxaca tenemos entre 80 y 100, y apenas seis cuentan con permiso. A nivel nacional, tenemos unas 200 y sólo 20 cuentan con una concesión. Es decir, el 10 por ciento.
–Durante estos años, ¿qué tenía que hacer una emisora comunitaria para que le concedieran permiso?
–Antes solicitaban un permiso para una concesión de frecuencia. En esta solicitud presentan una acreditación de personalidad jurídica y una prueba donde demuestren que son una asociación civil. Posteriormente, se presenta una propuesta programática y económica, donde explicas cómo obtendrás los recursos. Nosotros como expertos en asuntos indígenas y comunicación, conseguimos que no hiciera falta una propuesta técnica o que pidieran fianza. Hay depósitos que oscilan entre los 40 mil pesos y un millón. Ahora eso requisitos conseguimos eliminarlos, pero siguen habiendo dificultades.
–¿Pueden cerrar emisoras bajo la excusa que afectan a la señal de los aviones?
Sí es posible, pero en este caso una de las emisoras llevaba cinco años y medio retransmitiendo. Si durante este tiempo hubieran interferido en estas señales las hubieran cerrado de inmediato, por eso es raro que de repente las hayan clausurado bajo este pretexto. Las recientes radios censuradas en Puebla fueron por cuestiones políticas, por su trabajo de denuncia al Proyecto Integral Morelos, más bien.
–¿Cómo se da este proceso de clausura?
IFETEL ubica la señal y si no tienen permiso se presentan para realizar una inspección, y con una orden firmada, pueden cerrar la emisora y llevarse el equipo. Igualmente, IFETEL no tiene un listado de emisoras sin permiso, ellos actúan por instancia, es decir, las autoridades informan y ellos acuden.
–¿Y cuál sería el camino que deben emprender estas estaciones?
–Soy de la idea que las emisoras comunitarias no tienen por qué ser clandestinas ya que es un derecho legítimo y no tienen que esconderse. Hay que seguir las vías adecuadas para que se respeten pero con la actual reforma de telecomunicaciones han establecido limitantes. Antes la ley era ambigua y no existían disposiciones que especificaran. El segundo artículo de la Constitución daba este derecho para informar. Pero ahora hay más problemas.
–Entonces, con la actual reforma de Telecomunicaciones, ¿cuáles son esas limitaciones?
–Primero, el permiso donatario es un obstáculo importante. Esto establece que para que las radios comunitarias reciban donativos tienen que constituirse como asociación legal y pedir un permiso a Hacienda, con gente que sepa tramitar estas cuestiones. Después el tiempo de convocatorias.
Con la reforma si quieres abrir una radio debes esperar a que se abra la el plazo de solicitudes, por lo general una vez al año. Además, este trámite te puede llevar más tiempo. Ese es un procedimiento muy poco ágil para las emisoras comunitarias, ya que tienen que esperar y por lo general la gente se te va.
Un aspecto positivo, es que antes debías gastarte mucho dinero en presentar un plan técnico, con la reforma, IFETEL ofrece hacer el plan de manera gratuita.
Otro punto importante es que la reforma establece que un 10 por ciento de la frecuencia tiene que estar reservado para este tipo de radiodifusoras. Con esta estrategia amontonan las emisoras y crean deficiencias. Eso va en contra de las garantías de libertad de expresión y de igualdad.
Un 10 por ciento de frecuencia en una ciudad como el DF es bueno, porque la banda está saturada, y entonces la ley obliga al estado de hacer reserva para radios sociales. En el caso de las comunidades de Oaxaca, por ejemplo, que en un radio de 20 kilómetros puede haber 10 comunidades con sendas emisoras, si las amontonas en la parte alta como del 106 al 107.9, eso es una violación a la libertad de expresión, ya que si todo el espectro está libre del 88 al 108, no hay necesidad de juntarlas en una sola parte.
Por otra parte está el asunto económico. Cuando entre en vigor la reforma a mediados de agosto, estas emisoras no podrán hacer publicidad bajo el pretexto que deben recibir el 1 por ciento de la publicidad institucional.
No tiene mucho sentido, ya que si tenemos un 10% de población indígena, debería corresponder un 10% del presupuesto. En realidad hablamos de mucho dinero, pero queremos que sea una limitación que vaya aumentado y no como un tope.
–¿Cuál es la importancia social de estas emisoras comunitarias?
–La importancia es esencial. En el último reporte especial del relator de libertad de expresión de la ONU, explicó que el derecho a la libertad de expresión es un derecho habilitante que abre la posibilidad del ejercicio de otros derechos. Este derecho te permite acceder a otros derechos. Por ejemplo, una comunidad que no tiene agua potable. Si la emisora denuncia esa situación y se organizan, pueden acceder al agua. La libertad de expresión les da agua, u otro ejemplo, les permite alertar de agresiones o corruptelas de políticos o el narco.
Otra historia hubiese sido el EZLN sino hubieran existido estos medios. Es muy relevante su trabajo también para poder escuchar su lengua. Ahora, con la nueva ley de Telecomunicaciones, dicta que solo los medios de origen indígena pueden usar lenguas indígenas. Es una franca violación de sus derechos, porque prohíben su uso en los medios tradicionales. De hecho, no pueden hacerlo por ley. Este es un punto de materia de amparo y es una franca regresión; la expresión más obvia del racismo.
–Por último, ¿ante la clausura qué puede hacer una radio comunitaria?
–No pueden cerrar todas las radios comunitarias al mismo tiempo y además están en su derecho, y cuando soliciten la autorización no se la pueden negar. Hace 20 años había una criminalización mayor y negaban el permiso. Hoy la IFETEL no puede negarte la concesión y si sucede así, puedes amparar y ganar con facilidad.
Lo que dice la ley no es necesariamente lo justo. Y no es la única normatividad. Hay derechos constitucionales que los amparan y que te permiten escapar de estas disposiciones.
Antes era más difícil tramitar el permiso porque no había plazos específicos. Hoy la IFETEL tiene mejor disposición en otorgarlos. Hay comisionados que están comprometidos con este tipo de medios. Ahora hay mejor disposición, pero esos limitantes si son contrarios se pueden combatir.
Ahora en algunas partes la ley los reconoce, por eso, con mucha más razón hay que exigir este derecho y salir de la clandestinidad. Si no se la creen los propios pueblos que tienen ese derecho y lo deben exigir ante la autoridad, no lo van a tener.