La protesta social es un derecho fundamental que debe respetarse: Botero

MÉXICO, DF., 8 de agosto de 2014.- La protesta social no es una «malcriadez ni una concesión del Estado», sino un derecho fundamental que debe ser respetado, afirmó la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, al tiempo que advirtió que a partir de 2013 se han detectado retrocesos «gravísimos» en el respeto a esta garantía en la región.

Al dictar una conferencia magistral en el foro Sin protesta no hay democracia, organizado por  Artículo 19 México, se refirió a la importancia de documentar las protestas en procesos de conflicto. Los comunicadores, dijo, deben ser un vehículo para explicar los motivos de la protesta, pues la sociedad a veces no los comprende.

Sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones, indicó que la mejor manera de prevenirla es el monitoreo, por lo que en primera línea deben estar los periodistas y las organizaciones encargadas de documentar que no haya abusos.

También sugirió adoptar medidas de ciberseguridad y tener un internet regulado para la apertura y la neutralidad para que la gente tenga derecho al anonimato, tal como ocurre en cualquier manifestación.

La especialista enlistó 12 medidas y condiciones específicas para mitigar los riesgos en las protestas, entre las que se cuentan el derecho de los comunicadores a que no se obstaculice su labor de documentar el uso de la fuerza y que su material no sea confiscado, destruido y ni siquiera revisado.

También mencionó el derecho a que no existan barreras desproporcionadas (como cercos, por ejemplo) para llegar al lugar de los hechos, recomendó que las leyes no sean ambiguas –algunas incluso permiten la imputación de cargos sólo por documentar– y que los periodistas no sean considerados como potenciales testigos sino observadores.

Además, el periodista no debe tener la obligación de demostrar la veracidad de testimonios, no se deben prohibir las transmisiones en directo de cualquier protesta y eso incluye no bloquear internet; también está prohibido estigmatizar o estereotipar a las personas que asisten a una protesta.

Aunado a ello, los policías, jueces, investigadores encargados de averiguar los abusos en una marcha y demás operadores jurídicos deben proteger, ante todo, el derecho humano a la protesta; deben existir protocolos policiales de actuación enfocados a proteger la manifestación, así como una investigación, sanción y reparación del daño adecuados para quien resultó violentado durante una protesta.

Finalmente, concluyó, deben garantizarse medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos mediante procesos administrativos y penales para quien resulte responsable de los abusos.