Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
MORELIA, Mich., 18 de agosto de 2014.- Las autoridades no deben ser rehenes de los videos, aseguró el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, al señalar que se debe actuar cuando existan los elementos suficientes que comprueben la probable participación de una persona en algún delito.
Tras atestiguar la presentación de la corporación Fuerza Ciudadana en Morelia, el funcionario federal señaló que “con o sin videos”, la obligación de la autoridad es actuar, como sucedió con la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana, a quien, mediante ningún video, se logró probar su posible participación en la comisión de los delitos de homicidio y extorsión.
Por tal motivo, al ser cuestionado sobre la probable detención de más ediles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Comisionado se refirió a la aparición de videos que en los últimos días se han publicado en los medios de comunicación, para explicar que la autoridad no debe basarse sólo en dichos materiales.
Aclaró que un material videográfico no representa una prueba contundente contra un presunto responsable, incluso si en el mismo existiese una confesión de algún delito, puesto que no se realiza ante un ministerio público, con un abogado defensor ni en calidad de indiciado.
No obstante, Castillo Cervantes agregó que si aparecieran otros videos en días venideros, la autoridad está obligada a analizarlos y adminicularlos para actuar en consecuencia.
Asimismo, como parte de los avances contra la delincuencia organizada, el representante del gobierno federal en Michoacán, descartó la aparición de sustitutos o reemplazos de los ‘cabecillas’ que han sido abatidos o capturados por las instancias policiales, debido a que la estrategia que se aplica en el estado ha buscado atacar las estructuras financieras, redes de halcones y sicarios, además de que el principal objetivo es evitar que utilicen a los cuerpos de seguridad pública.
Por otra parte, Alfredo Castillo se comprometió a fortalecer áreas estratégicas de seguridad y procuración de justicia, como lo es el C4, que al igual que la Unidad de Antisecuestros, han sufrido una transformación.
En el caso del C4, el funcionario reconoció la infiltración de la delincuencia organizada, por lo que de inicio se implementaron protocolos internos como la prohibición de celulares para los integrantes y evitar el movimiento de cámaras pública al libre albedrío, además de que se contrataron personas con capacidades diferentes, principalmente sordomudos, debido a su capacidad, científicamente comprobada, de analizar imágenes, derivado del desarrollo que tienen del sentido de la vist