Impunidad y desesperanza en protección a menores de albergues: Redim

MÉXICO, DF, 6 de septiembre de 2014-.A casi dos meses del escándalo que representó el caso de Mamá Rosa, en cuyo albergue se presume que hubo víctimas de abuso y maltrato, “el desastre no ha significado ninguna modificación de ley, ni nuevas investigaciones, ni se ha demostrado que se está haciendo la supervisión correspondiente”, alertó Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En entrevista con Quadratín a propósito del caso del albergue La Gran Familia, el activista hizo un balance en el que las autoridades y los medios de comunicación resultan responsables por omisión.

“Tenemos una terrible costumbre y es que como tenemos muchos dramas y desastres vamos pasando de uno a otro, creemos haber sido ya superados en la sorpresa y el que viene es peor”, señaló.

En ese sentido, “el Estado mexicano ha sabido aprovechar esta memoria corta y va buscando cómo potenciar estos dramas que van apareciendo sin que eso signifique comprometer nuevas acciones o la institucionalidad”.

El segundo elemento, dijo, es la impunidad y la desesperanza que genera. “Frente a todos los dramas, llámese guardería ABC, Mamá Rosa, Casitas del Sur, Elegidos de Dios, etcétera, en todos está garantizada la impunidad; eso genera desesperanza y nos deja a la espera del próximo drama para saber que todo es impunidad”, advirtió.

Como tercer punto, destacó el papel de los medios de comunicación “que están –con intención o sin ella- atendiendo la agenda del Estado o de las grandes empresas y no necesariamente haciendo investigación o seguimiento en temas”.

Puntualizó que se trata de un desafío profesional “en términos del rol de los medios como quienes pueden facilitar la calidad democrática del país”.

Sobre las acciones emprendidas por las autoridades en el caso del albergue michoacano, como el anuncio de la Secretaría de Gobernación de que habría un censo de ese tipo de establecimientos, así como el trabajo de los sistemas de información nacional y estatales a fin de identificar el número de albergues y de personas que habitan en ellos; además del proyecto de ley en materia de protección a la infancia recientemente enviado por el Ejecutivo al Senado, consideró que “lamentablemente no van a cambiar de manera sustancial la situación”.

Ello, agregó, porque “no se está atendiendo a todos los espacios residenciales de niños sino sólo aquellos que sean albergues de organizaciones claramente identificadas o autoidentificadas como albergues infantiles.

“Hay un segmento muy grande de anexos que atienden aparentemente adicciones donde hay un número indeterminado de adolescentes y sabemos que estos establecimientos tienen como principio base la tortura y tratos crueles y degradantes como método de tratamiento y ahí el Estado no ha puesto la mirada ni se han implementado acciones para supervisarlos”.

Recordó que han sido los esfuerzos de la sociedad civil a través de diversas organizaciones los que han dado a conocer numerosos casos de abusos y maltrato pero “a quien le corresponde hacer la tarea y garantizar la investigación y la justicia a las víctimas es al Estado y sus instituciones y siguen siendo omisos en esta materia”, lamentó.