Mujeres en lucha contra la violencia
MÉXICO, DF, 19 de septiembre de 2014.- La Procuraduría General de la República (PGR) recurrió a la misma testigo que ha acusado al Ejército Mexicano de “fusilar” a 21 integrantes de un grupo armado en Tlatlaya, Estado de México, para consignar a un penal federal a dos de las tres mujeres que supuestamente estaban secuestradas en el lugar del enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de junio en ese municipio colindante con el estado de Guerrero, destaca la primera emisión de Noticias MVS.
De acuerdo con los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el pasado 20 de agosto del 2014 se informó que un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Cinthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos, quiénes supuestamente fingieron estar secuestradas para no ser detenidas por las fuerzas federales, destaca Noticias MVS en un amplio reportaje.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, dictó el auto de formal prisión, equivalente al inicio del juicio penal, en contra de Cinthia Estefani Nava López y Patricia Campos Morales por su presunta responsabilidad en los delitos de acopio de armas y posesión de cartuchos reservados para uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ambos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La consignación y encarcelamiento de ambas mujeres se hizo con base en las declaraciones de una testigo del caso, la misma que afirmó ante la revista Esquire que 21 de los 22 civiles muertos como resultado de ese enfrentamiento, fueron “fusilados” por los militares mexicanos luego de que se rindieran, por lo que incluso presentaban un tiro de gracia.
Dicha versión contradice lo que se dio a conocer en el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un día después de los hechos, ya que esa dependencia aseguró que los 22 civiles fueron “abatidos” durante el enfrentamiento, lo que ha sido cuestionado primero por la agencia de noticias AP, posteriormente por Human Rights Watch y ahora por un reportaje de la revista Esquire en su edición México.
Ante el Ministerio Público Federal de la PGR, dicha testigo reveló que Nava López y Campos Morales “convivían” con los integrantes del grupo armado en el interior del inmueble que estos utilizaban como refugio, por lo que esas mismas personas les habían amarrado las manos para simular que estaban secuestradas y evitar que fueran detenidas.
La afectada manifestó que ella tampoco estaba secuestrada, aunque a decir de la autoridad judicial logró comprobar que no tenía relación directa con el grupo de civiles que, según propios dichos, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial el pasado 30 de junio del 2014.
Al rendir su declaración ministerial, las dos mujeres consignadas reconocieron que estaban en el lugar por formar parte del grupo armado, los cuales eran parte de una organización delictiva, por lo que se ejerció penal en su contra y finalmente fueron consignadas al penal femenil de Tepic, Nayarit, donde deberán enfrentar un juicio penal sin gozar el beneficio de la libertad bajo fianza.
Esa misma testigo, que en la revista Esquire recibió el nombre ficticio de Julia, ha manifestado que los 21 civiles del grupo armado que la autoridad identificó como integrantes del grupo delictivo, fueron fusilados por los elementos del Ejército Mexicano, incluyendo a una menor de edad de 15 años que había sido herida en la pierna y que fue rematada por los propios militares.
En el expediente, hay constancias que la mayoría de las personas fallecidas el pasado 30 de junio eran originarias de Arecelia, Guerrero, y según la revista Esquire, las edades de las mismas oscilan entre los 16 y 25 años.
Noticias MVS no ha podido verificar que los testimonios de “Julia” sobre el fusilamiento de 21 de los 22 civiles muertos en Tlatlaya, estén incluidos en el expediente judicial, o si estos se han dado solamente ante medios de comunicación