Juzgados civiles deben procesar militares por Tlatlaya: Encinas

MÉXICO DF, 26 de septiembre de 2014.- El senador del PRD, Alejandro Encinas, rechazó que los militares involucrados en los hechos registrados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, sean procesados por la justicia militar, ya que el ilícito lo cometieron contra civiles, lo que de acuerdo con la ley debe ser juzgado por instancias federales.

«Debe ser la autoridad civil quien realice esta investigación, por lo cual la Procuraduría Militar debe poner de inmediato a disposición del Ministerio Público Civil a los ocho militares detenidos, a los siete elementos de tropa y al oficial que fue presentado como responsable de estos hechos, pero al mismo tiempo, debe darse con toda precisión la información plena sobre la identidad de las víctimas y de las personas detenidas para no seguir ahondando en la especulación», manifestó el legislador del PRD.

Esto de acuerdo con el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, recientemente reformado y publicado por decreto el 13 de junio de este año, define como delito contra la disciplina militar, entre otros, los del orden común o federal siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto sobre el cual recae su afectación, producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado.

Este pronunciamiento se dio luego que la Secretaría de la Defensa Nacional, informara que el pasado jueves fueron presentados 25 elementos del Ejército Mexicano, de los cuales ocho, siete soldados de tropa y un oficial fueron presentados ante el Juzgado Sexto Militar por su participación en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, del cual resultaron 22 civiles muertos.

«Los militares quedaron internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, del Campo Militar 1-A, en espera de que la propia autoridad judicial militar sea la que defina su situación jurídica de acuerdo a la versión difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional», precisó Encinas Rodríguez.

La detención fue ordenada por la Procuraduría de Justicia Militar por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del Oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa, sin embargo la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que dichas detenciones son independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades civiles por los mismos acontecimientos.

«De la información adicional que hemos recibido, se nos ha señalado que la acusación que ha elaborado la Procuraduría Militar se refiere fundamentalmente a la alteración de la escena del crimen, no a la comisión de los homicidios», apuntó el senador por el Estado de México.

Respecto a los ilícitos cometidos, señaló que además se cometieron diversas omisiones graves, no solamente por la omisión en la alteración de la escena del crimen que no se entregó al Ministerio Público Civil, sino que estuvo sin resguardo alguno durante varias horas, según lo que ha registrado la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país.

«Si empezamos a analizar el conjunto de fotografías que han dado a conocer, es evidente que la escena del crimen fue absolutamente alterada, como es el haberle sembrado armas a los cadáveres y las manchas de sangre aparecen justamente al fondo de las paredes de la bodega, no necesita ser un perito en la materia para ver que se trató de una ejecución», resaltó el legislador.

Exigió que se dé a conocer a qué organización criminal pertenecían las víctimas, o si pertenecían a alguna organización política o a alguna organización social, o tenían vínculos con otro tipo de movimientos sociales.

«Es muy poco clara la información dada respecto a las personas, el caso de la joven de 15 años, Érika Gómez González, se ha acreditado que era estudiante de la escuela Secundaria Técnica Industrial número 134, del municipio de Arcelia, en Guerrero, como también se ha venido identificando a otras de las personas que fallecieron en estos actos, como son los hermanos Marcos Salgado Burgos, de 20 años, y Juan José Salgado Burgos, de 18 años, del municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero», subrayó Encinas.

Llamó a que se dé a conocer la situación jurídica que guardan las dos personas que supuestamente habían sido rescatados de sus secuestradores y que de víctimas pasaron a victimarias, porque primero dicen que fueron liberadas de su secuestro y hoy se encuentran recluidas en el Penal de alta seguridad, en Tepic, Nayarit, sin que se especifique cuál es la acusación o el delito que se les imputa, así como el caso de la testigo protegido conocida como ‘Julia’, la mamá de la menor ultimada.