Nuevo reglamento en el IPN atenta contra la Constitución: asambleísta

MÉXICO, 28 de septiembre.- El nuevo reglamento del Instituto Politécnico Nacional (IPN), atenta contra la Constitución, consideró el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Ojeda.

Explicó que el Artículo 3 Constitucional establece que la educación media debe ser garantizada y recordó que existe un transitorio que dicta que para el año 2022 se debe dar cobertura total y dicho reglamento va contra del espíritu del mencionado precepto constitucional, ya que imposibilita su cumplimiento.

Incluso, el asambleísta recordó que el ahora secretario de Educación Pública, Emilio Chuauyffet, votó a favor de esa reforma cuando era diputado.

“Hacemos un llamado a las autoridades del IPN para mejorar las condiciones académicas de los alumnos, pero no mediante reglamentos, sino con mejores instalaciones y mayores espacios a fin de que no existan cada año rechazados”, expresó.

Esta semana alumnos del IPN salieron a las calles a protestar contra la aprobación del nuevo Reglamento, lo que obligó a que la directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Diez, lo aplazara hasta el próximo año.

Ojeda pidió respeto a las movilizaciones estudiantiles emprendidas por alumnos del IPN y garantizar su acceso a la educación, así como respetar sus derechos a la libre expresión y manifestación.

El integrante de la Asamblea Legislativa consideró que se trata de reclamos legítimos ante la negativa de las autoridades del IPN de respetar los derechos humanos, en lo concerniente al acceso a la educación.

El legislador del PRD opinó que el reglamento que se pretendió imponer y al que ahora se ha dado marcha atrás, no tenía como fin elevar el nivel educativo, sino volverlo clasista y excluyente.

Abundó que endurecía el sistema educativo con reglas académicas bastante severas, que no mejoran el nivel de la educación, sino que se convierten en meros pretextos para restringir la educación superior.

El diputado local convocó a establecer una mesa de negociaciones para encontrar una pronta solución a las demandas estudiantiles, donde las autoridades del IPN son las principales obligadas a observar que no se vulneren los derechos de los alumnos.