Denuncia oposición que Morena legisla por medio de fe de erratas
MÉXICO DF, 9 de octubre de 2014.- El senador del PAN por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, denunció el endeudamiento irregular que solicitó el gobernador Rubén Moreira al Congreso del estado, por 2 mil 500 millones de pesos, los cuales se suman a los mil millones requeridos a Banobras en 2012.
“Nuevamente el moreirato endeuda al estado de Coahuila, este gobernador, el hermano Rubén Moreira, incumple, como lo ha hecho desde el principio, como lo hizo Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila. Su primer mensaje como Gobernador, y leo textual, dijo: les puedo asegurar que el gobierno no se volverá a endeudar y tampoco nunca vamos a comprometer el futuro de los coahuilenses”, aseveró.
De acuerdo con el legislador, el endeudamiento es ilegal, ya que va contra de lo que establece la Constitución en el artículo 117, fracción octava, donde se precisa que las solicitudes de endeudamiento deben estar destinadas a inversiones productivas, y no es el caso, afirmó el panista.
“El argumento que hoy menciona el gobernador Moreira es que va a pagar proveedores que se les ha venido acumulando un endeudamiento desde la administración de Humberto Moreira, y aquí ocurren otros ilícitos y otros agravantes”, expresó.
Según información de Salazar Fernández, la Cuenta Pública del estado de Coahuila de 2009 a 2013, señala que ya no tiene saldo vencido con ningún proveedor, por lo que el legislador blanquiazul exigió al Ejecutivo local a que precise las cuentas por pagar y que no las utilice de pretexto.
“Con esto vuelve a poner al estado de Coahuila en esta situación de desventaja, y nos quedamos sin infraestructura, sin inversión, sin salud, sin seguridad, y lo más grave de todo esto es que el gobernador Moreira prefiere seguir cargándole la mano a los coahuilenses, que hacer justicia, que hacer algo por reclamar el dinero que los senadores del PAN fuimos a reclamar a Estados Unidos, cuando le incautaron los recursos a Javier Villarreal, hoy preso”, recordó.
En este marco, acompañado de los senadores Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, a través de un punto de acuerdo solicitarán al Senado requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene a las instituciones financieras del país que no le otorguen más créditos al estado de Coahuila, toda vez que violenta lo dispuesto por el artículo 117 Constitucional y lo establecido en la Ley de Deuda Pública del estado de Coahuila, en sus artículos 4 y 5, además de que no existe transparencia alguna en relación a la situación de los proveedores en el estado, en contravención al numeral 134 constitucional.
Pedirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a las atribuciones que las leyes y su normatividad interna le confieren, se oponga a la aprobación de este nuevo crédito que solicita y demandarán a la Secretaría de la Función Pública que por tratarse de fondos pertenecientes a la banca nacional bajo regulación federal, se abra una investigación en contra del gobernador Rubén Moreira Valdéz, y del secretario de Finanzas de la entidad, Ismael Ramos Flores, ya que dijo, pretenden hacerse de recursos para un fin no permitido en esta clase de operaciones.
Al respecto, Lozano Alarcón destacó que Coahuila tiene el mayor índice de deuda, lo que implica que cada coahuilense debe 11 mil 830 pesos.
“De ese tamaño es el desfalco a la entidad y es la entidad con el número uno con el mayor endeudamiento por cabeza en todo el país, de eso estamos hablando, de ese tamaño es nuestra indignación y precisamente por eso estamos aquí”, subrayó el ex secretario del Trabajo federal.
Por su parte, Gil Zuarth reveló que ante dicho escenario, el gobierno local, lejos de reducir los gastos para enfrentar su capacidad financiera y poder sostener el futuro del estado de Coahuila, ha aumentado en 28 por ciento el gasto corriente y específicamente los sueldos y los salarios de la burocracia estatal.
“Esto es claro indicio de una irresponsabilidad manifiesta en la ejecución y en el ejercicio de las finanzas públicas en el estado porque está utilizando recursos derivados de la contratación de deuda pública para financiar el gasto corriente y no para financiar proyectos de inversión, como establece la Constitución y las leyes”, arremetió el panista.