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Tula de Allende, Hgo., 12 de octubre de 2014.- Con la participación de más de 3 mil simpatizantes de organizaciones ambientalistas y de izquierda, marchando por algunas avenidas de la localidad, culminaron los tres días de trabajos de la Décima Asamblea de Afectados Ambientales desarrolladas en este municipio.
La movilización partió alrededor del medio día del bulevar Tula – Iturbe, a la altura de la colonia Villas de El Salitre, para después entroncarse a la calzada Melchor Ocampo y seguir por avenida Zaragoza hacía el Teatro al Aire Libre del centro de la ciudad, sitio donde cerraron con un concurrido mitin en que se dio lectura a los resolutivos y acuerdos a los que se llegaron después de los tres días de actividades; los dictámenes estuvieron a cargo de los dictaminadores del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Entre los resolutivos a los que se llegaron destaca la “llamada de atención” al Estado mexicano, a través de instancias especializadas en derechos humanos y ambientales, para que respete la prerrogativa de los mexicanos a vivir en un ambiente libre de contaminantes.
Además hacer extensivo un enérgico reclamo a los tres órdenes de gobierno para que no actúen de forma omisa o indolente ante las denuncias y reclamos de la sociedad por coexistir en armonía con la naturaleza, lo que redituará en buenas condiciones de salud.
Pero no se imputó sólo al gobierno mexicano por el gran deterioro ambiental que actualmente se presenta en el país, sino que de igual manera responsabilizaron al sector privado de este menoscabo en contra de los mexicanos, “pues con su ambición nos están condenando a vivir en la porquería”.
De acuerdo con la dirigencia de la Federación Independiente de Obreros Indígenas y Campesinos, que tuvo a cargo la organización del protocolo, al finalizar los tres días de la asamblea, se contó con la participación de delegados de 67 movimientos ambientalistas.
Así como denuncias ambientales provenientes de por lo menos 17 estados de la República. “Por lo que respecta a Hidalgo se tuvieron más de 20 exposiciones documentadas de abusos ambientales por parte del gobierno o empresas privadas”, sentenciaron.
Al margen de los temas ambientales, el Tribunal Permanente de los Pueblos también exigió al gobierno federal el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en Ayotzinapan, Guerrero que derivaron en la desaparición y probable muerte de 43 estudiantes y seis civiles.
Asimismo repudiaron la ejecución a manos del Ejército mexicano de los 22 civiles mexiquenses en Tlatlaya, Estado de México; demandaron que ambos crímenes se castiguen con todo el peso de la ley para que acabar con la impunidad distintiva de la justicia del país.