Emite CNDH recomendaciones a Sedena, PGR y Edomex por caso Tlatlaya

MÉXICO, 21 de octubre de 2014.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió 10 recomendaciones en materia de derechos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cinco a la Procuraduría General de la República y ocho al gobierno del estado de México por el caso Tlatlaya, ocurrido en la entidad gobernada por Eruviel Ávila.

Este martes el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva presentó su informe sobre el caso Tlatlaya, en el que 22 personas fueron privadas ilegalmente de la vida por elementos de la Sedena, durante la madrugada del 30 de junio de este año.

Las recomendaciones son para reparar el daño a las familias de las víctimas, que se les dé una indemnización y se les atienda psicológicamente, así como que para que haya una procuración de justicia a las dos víctimas sobrevivientes de la masacre, y para que obtengan atención física y psicológica, así como realizar investigaciones más apegadas a métodos científicos.

El ombudsman desmintió la versión oficial según la cual las 22 personas habían fallecido debido a un enfrentamiento con ocho elementos militares.

“La versión oficial construida desde el día de los hechos de que todas las personas privadas habían muerto con motivo de un enfrentamiento, resultó ser una falsedad”.

Explicó en rueda de prensa que cuatro de los delincuentes con los que se enfrentaron elementos del Ejército aquella madrugada a las 04:25 horas en una bodega,  fueron heridos por enfrentamiento con elementos de la Sedena. Tres más resultaron heridos presumiblemente en medio de intercambio de disparos o fuego cruzado.

“Doce fueron presumiblemente privadas de la vida por personal militar sin estar heridos, incluyendo dos adolescentes y respecto de otras tres víctimas no se pudo determinar circunstancias en que fueron privadas de la vida porque los cuerpos fueron manipulados, movidos, las evidencias alteradas en cuanto a su ubicación original del cadáver, lo que hace suponer que fueron también privados de la vida”, leyó como parte del informe por la Recomendación 51/2014.

Plascencia Villanueva dijo que la privación ilegal de la vida es una de las más graves violaciones de derechos humanos.

Además hubo fallas en la impartición de justicia.

Expuso que dos de las víctimas sobrevivientes fueron inducidas para que se autoincriminaran y se buscó de parte de los ministerios públicos que omitieran detalles de lo que observaron aquella madrugada.

“Las declaraciones que rindieron ante el MP del fuero común en ninguna parte hacen referencia a lo que hubieran observado cuando fueron privadas de la vida las 22 personas”, dijo el presidente de la CNDH.

Asimismo, recibieron intimidaciones y “trato inhumano” en el momento de los hechos y durante la integración de la investigación.

Por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) hubo alteración de la escena de los acontecimientos, prosiguió Plascencia Villanueva.

“Algunos cuerpos fueron movidos de su ubicación y otros de su posición, se colocaron armas en algunos cuerpos y se sustrajeron de la escena equipos de teléfonos, equipo de telecomunicación y otros elementos cuya existencia fue referido por sobrevivientes y que aparece en varias de las imágenes. El lugar de la investigación no fue preservado, se buscaron indicios o evidencias con el hecho delictivo”, refirió.

Incluso mencionó que hubo obstaculización de la Procuraduría mexiquense al trabajo de la comisión, al no facilitar de primera instancia todas las imágenes de la investigación.

Asimismo, la PGR encabezada por Jesús Murillo Karam demoró el inició de las investigaciones hasta el 23 de septiembre, fecha que coincide con la publicación del adelanto de un reportaje en la Revista Esquire, que precisamente pone al descubierto las ejecuciones, a pesar de que desde el 3 de julio la PGJEM había remitido una carpeta de investigación para que continuara la investigación iniciada, con la participación de elementos del Ejército.

“Esta investigación aún no ha sido ordenada y no existen elementos militares que enfrenten acusación penal por homicidios en que intervinieron y a los familiares nadie los ha contactado ni les ha dado el carácter que les corresponde, por lo tanto no han logrado acceder a la atención victimológica que requieren, salvo una de ellas que lo solicitó”, explicó el ombudsman.

Las recomendaciones

Por ello se emitieron las 10 recomendaciones para la Sedena, encabezada por el General Salvador Cienfuegos, entre las cuales está que se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas, familiares de las personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida el 30 de junio de 2014.

“En la que se incluya la indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria, y se considere el caso particular de cada una de las víctimas, con el fin de asegurarles otros servicios sociales o de asistencia requeridos, debiéndose remitir a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

También para que las víctimas sobrevivientes de los hechos, tengan la atención médica y psicológica que sea necesaria para reestablecer su salud física y mental, debiéndose remitir a la Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Hizo énfasis en que se dé estricto cumplimiento al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, “absteniéndose de privar de la vida o atentar en contra de la integridad de personas rendidas, debiéndose informar a esta Institución sobre el cumplimiento de la misma”.

También pidió que personal militar se abstenga de participar en la alteración de las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos y sea capacitado respecto de la preservación de los indicios del delito, y una vez realizado lo anterior se acredite ante la Comisión su cumplimiento.

En cuanto a la Procuraduría General de la República, parte de las recomendaciones son:

Que se realicen las acciones correspondientes para que se esclarezcan los hechos materia de la recomendación, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Acelerar las diligencias para realizar una pronta consignación dentro de la averiguación previa, respecto de los autores del delito de homicidio, y se continúe indagando la responsabilidad de los militares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Además, reconocer el carácter de ofendidos del delito a los familiares de las personas fallecidas el 30 de junio de 2014, otorgándoles la protección y asistencia integral que les corresponde en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Respecto al gobierno del estado de México, además de la reparación del daño a las víctimas sobrevivientes por la intimidación sufrida, el ombudsman recomendó al gobernador Eruviel Ávila  proporcionar a los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cursos de capacitación en materia de criminalística con el objeto de que, al inspeccionar el lugar de los hechos lo hagan de manera exhaustiva y para que realicen diligencias precisas y detalladas que permitan llegar a la verdad histórica con respecto a los hechos investigados.

También pidió imparta al personal ministerial cursos de capacitación relativos a la inspección que deben realizar en el lugar de los hechos, a fin de que se alleguen de todos los elementos necesarios para llevar a cabo una investigación diligente y exhaustiva, remitiendo a la Comisión Nacional las constancias respectivas.

El informe completo con las recomendaciones  están disponibles en la página de la CNDH: www.cndh.org.mx y consta de 93 páginas.