Presiona PGJ de Coahuila a comuneros en favor de GPA Energy

MÉXICO, DF, 24 de octubre de 2014.- Comuneros de San Buenaventura, Coahuila, denunciaron amenazas e intimidación de parte de las autoridades estatales tras dar a conocer las irregularidades con las cuales se llevó a cabo el proceso judicial que permitió el ingreso a sus tierras de la empresa GPA Energy, contratada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacer perforaciones en busca de gas natural, destaca la primera emisión de Noticias MVS.

Arturo Lerma esposo de una de las comuneras, informó que a raíz de que denunciaron la existencia de un contrato irregular por 300 mil pesos entre la empresa contratada por Pemex y una de las comuneras, su familia ha sido objeto de actos de intimidación, debido a que han demostrado que la mujer identificada como Bartola Vázquez no representa a la comunidad rural.

En el expediente 1073/2014 radicado en el Distrito 20 del Tribunal Unitario Agrario se les concedió a los comuneros el pasado 22 de septiembre, medidas precautorias para que no se perturbe la posesión de los terrenos, en lo que se resuelve la demanda que interpusieron contra la empresa citada y la mujer que se dice representante de la comunidad y quienes están citados para el 3 de noviembre del 2014 ante el organismo con sede en la ciudad de Monterrey.

En el mes de julio del presente año los comuneros evitaron el ingreso de la empresa debido a que el contrato se llevó a cabo sin el respaldo de la asamblea, sin embargo GPA los denunció y ahora están acusados de haberla despojado de las tierras que son de propiedad comunal y que en el mismo contrato avalado por Pemex se precisa que se trata de uso común y lo firma un tercero identificado como el propietario Félix Arturo Correa Menchaca, mientras que en el entablado por la empresa local sí aparece el nombre de Bartola Vázquez.

Sin embargo, la empresa denunció a los comuneros y en el proceso desapareció documentos que establecen que la propiedad es de uso común y cualquier arreglo no tiene validez porque no cuenta con el aval de la asamblea y una jueza del fuero común falló a favor de la empresa y ordenó el ingreso al predio para reanudar las perforaciones.

Lerma dijo que la empresa desde hace cuatro años lo ha señalado como delincuente cuando evitó que el empresario Gerardo Benavides despojara a su esposa de las tierras que le pertenecen en la comunidad, y pese a que su familia fue la víctima el dueño de GPA Energy se dijo afectado, pero no es hasta ahora que reanudaron las acusaciones.

En la diócesis de Saltillo se efectuó la rueda de prensa en la que el grupo de comuneros expuso la situación de temor que viven al ser intimidados por las autoridades y aseguraron que responsabilizan a Santos Vázquez, el delegado de la PGJE en la región centro; y a Enrique Luna Valadez, agente del Ministerio Publico, de lo que ocurra a las familias que mantienen el litigio para impedir las labores de la empresa GPA.