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MÉXICO, DF, 25 de octubre.– La organización internacional Artículo 19 lanzó este sábado una alerta por las amenazas recibidas por SinEmbargo del delegado de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.
En la alerta la representación en México de Artículo 19 instó a la Procuraduría General de la República, PGR, a investigar si existe alguna amenaza contra la libertad de expresión y su supuesta vinculación con algún servidor público.
A continuación el texto íntegro publicado por el portal sin embargo en referencia al documento de Artículo 19:
“Es responsabilidad de la PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar si existe delito que perseguir en contra del medio de comunicación y, de ser así, presentar el caso ante el Poder Judicial de la Federación para que se enjuicie y emita la sanción respectiva a los responsables de las amenazas”.
“Los periodistas, editores y directivos del portal de noticias SinEmbargo recibieron este viernes la visita en sus instalaciones de una persona que presuntamente representa al abogado del delegado de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba, para exigir en tono amenazante y soez que retiren de la página una foto del funcionario aludido donde aparece posando junto a un tanque de guerra”, dice la organización.
La imagen en cuestión forma parte de una serie fotográfica subida por el propio Ruvalcaba, en su perfil público de Facebook hace poco más de dos años, donde aparece armado y vestido de militar. Esa y otras fotografías fueron retomadas periodísticamente por SinEmbargo el 15 de noviembre de 2012, como parte de un reportaje donde se hacía referencia de las aficiones –nada ecológicas– de cinco políticos del Partido Verde que han ocupado cargos públicos, como es el caso del delegado de Cuajimalpa, dice Artículo 19.
“En las últimas dos semanas él [Ruvalcaba] empieza a enviar, por medio de un abogado [que se identifica como Alejandro Rojo], una solicitud de bajar las fotos. Primero argumenta que es dueño de los derechos de las fotografías por medio de un documento de INDAUTOR, donde están registradas a nombre de un tercero (Héctor Dither Villa Chávez)”, informó Alejandro Páez Varela, periodista y director de contenidos de SinEmbargo, entrevistado por Artículo 19.
Por espacio de dos semanas, el supuesto abogado del Delegado envió correos al medio, habló a distintas horas a sus oficinas, así como a los teléfonos privados de sus directivos, para exigir que se retiraran las fotografías de Ruvalcaba. “Fue el viernes 24 de octubre –continúa la organización internacional–, a las 15:00 horas, que a las oficinas de SinEmbargo llegó una persona que en supuesta representación del abogado Alejandro Rojo y portando un documento de Registro Público del Derecho de Autor, exigió con amenazas que retiraran las fotografías del delegado Ruvalcaba”. “Yo con mucho gusto hubiera quitado estas fotos o las habría quitado si la petición se hace con algún argumento.
Si él me hubiera dicho que las fotos se las tomó para una fiesta de Hallowen, las borró. De hecho, hay una foto que retiramos. Sólo quedó una foto… [Pero] Empecé a leer con más detenimiento los correos [que enviaba] y me di cuenta que el tono era amenazante. Decía: ‘Nos vamos a ver en la necesidad de tomar otras medidas, ustedes tendrán consecuencias’, y eso un tono más distinto al de una petición de que se tiene de derecho al olvido’”, citó Artículo 19 a Páez Varela.
Artículo 19 dijo que “reitera que la difusión de información concerniente a funcionarios públicos debe gozar de mayor apertura para facilitar el debate amplio respecto asuntos de interés público, de lo contrario se violentan los compromisos internacionales en materia de libertad de expresión”.
“Es así que el jefe Delegacional de Cuajimalpa, al colocarse voluntariamente en la esfera del debate público, se encuentra sometido a un escrutinio público más exigente, especialmente al considerar que respecto las fotografías difundidas, no guardó la debida diligencia para su resguardo conforme exigen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión por lo que no sólo fueron públicamente conocidas sino que se convirtieron en un tema de interés público”.
Para Artículo 19, “las acciones amenazantes realizadas en contra de SinEmbargo, son una clara violación al derecho de libertad de expresión que podría generar la responsabilidad internacional del Estado mexicano”. Es de destacar, agrega, “que en momentos donde la violencia contra la prensa se mantiene, las acciones del jefe delegacional se oponen a su deber de garante de los derechos humanos, por lo que resulta necesaria la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para investigar el caso y en su momento emitir una recomendación pública”.
Asimismo, “para Artículo 19 no hay duda en señalar que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar si existe delito que perseguir en contra del medio de comunicación y, de ser así, presentar el caso ante el Poder Judicial de la Federación para que se enjuicie y emita la sanción respectiva a los responsables de las amenazas.
Adicionalmente, Artículo 19 llama a la CDHDF, a la FEADLE y al Gobierno del Distrito Federal a adoptar las medidas preventivas y de protección que resulten necesarias para garantizar no sólo el ejercicio de libertad de expresión, sino la seguridad personal, de instalaciones y demás derechos humanos de quienes laboran en SinEmbargo.