Diputados de caso Tlatlaya, a expensas de voluntad de Edomex, PGR y CNDH

MÉXICO, DF, 31 de octubre de 2014.- El grupo de trabajo de diputados que dan seguimiento a las investigaciones del caso Tlatlaya, aseguró que se encuentran a expensas de la voluntad y tiempos de las autoridades como el gobernador del Estado de México, Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar celeridad a los hechos ocurridos el 30 de junio.

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Elena Tapia, justificó a Quadratín México que la lentitud con la que han venido trabajando sobre el “crimen de lesa humanidad”, se debe a la falta de voluntad política para atender el caso donde se encuentra involucrado el Ejército.

“Por supuesto que vemos lentitud. La comisión debió ser instalada inmediatamente después de haberse revelado el suceso, por ser un crimen de lesa humanidad, sin embargo no hubo la voluntad política para atender este problema”, respondió la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.

Precisó que desde que se instaló el grupo plural, se solicitó de manera formal y por escrito información a las autoridades, pero “tendría que haber mayor disposición para sostener reuniones de trabajo”. Sin embargo, apenas este jueves 30, los diputados integrantes se declararon en sesión permanente.

En su plan de trabajo aprobado se incluyen la gestión e interlocución de solicitar medidas de protección, así como la invitación a órganos internacionales en la materia para contribuir a las observaciones del uso de fuerza donde participó el Ejército en la ejecución de 22 personas presuntamente ligadas al crimen organizado.

Por su parte la diputada del PT, Loretta Ortiz Ahlf, sacó a colación los informes de los Relatores Especiales en Derechos Humanos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde se registraron ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que se sumaron a las denuncias presentadas a la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario mexicano y contra aquellos que participaron en el crimen organizado y permitían, con algunos mandos del Ejército, la privación del derecho fundamental a la vida y a la justicia.

“Toda la justificación que se tuvo en este momento se hablaba de una guerra contra el narco pero ejecutar de manera extrajudicial, sin respetar su derecho al debido proceso es una violación sumamente grave; ninguna garantía a la vida y a los demás derechos fundamentales, se puede seguir garantizando si se permite la impunidad de estas atrocidades”, remató la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

Aseveró que en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, en carácter de comandante de las Fuerzas Armadas, tendría que garantizar su obligación y deber como Ejecutivo federal, a que se fluya la información e instruya al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y a las demás dependencias que los diputados se han solicitado sobre las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya.