
Impulsa MC lactarios en administración pública y órganos desconcentrados
MÉXICO, DF, 10 de noviembre de 2014.- El senador del PRD, Mario Delgado, llamó a fincar responsabilidades al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante el costo que pudiera implicar para el país la cancelación intempestiva de la licitación del tren rápido México- Querétaro.
“Habría que revisar la ley a ver que se está planteando y también quién va ser responsable de este costo, es decir, por qué los contribuyentes van a tener que pagar por una decisión que se tomó y pocos días después se revirtió”, señaló el secretario de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.
La licitación fue otorgada a la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC), sin embargo ante la inconformidad de distintas empresas participantes por el reducido tiempo para la presentación del proyecto completo y luego de que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza reconociera que desde un año antes otorgó información privilegiada a algunas empresas, incluyendo el consorcio chino, esta licitación fue eliminada.
En este marco, Delgado Carrillo, explicó que es preciso revisar las implicaciones legales y económicas que pudiera traer esta decisión.
“Me parece que le están dando a la empresa privada, pues si la posibilidad de demandar al gobierno mexicano y tendría que haber ahí alguna responsabilidad de alguien de cómo se tomó la decisión y también cómo se revirtió”, subrayó el legislador perredista.
Además destacó que hasta el momento no ha habido ninguna explicación que justifique realmente la cancelación de la licitación, como pudiera ser algún inconveniente no previsto o legal o algún recurso que se haya interpuesto, o alguna eliminación de presupuesto.
“En fin no sabemos nada, simplemente se canceló, y si eso va a generar un costo al erario, pues sin duda que tiene que haber responsabilidades”, reiteró el senador capitalino.
Finalmente, detalló que en caso de que China Railway Construction Corporation haya recibido la notificación legal formal de que eran ganadores de esa licitación; podrían argumentar algún tipo de daño para su empresa con esta cancelación y enfrentarse al gobierno mexicano en los tribunales nacionales, con miras a llegar a cortes internacionales.