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MÉXICO, DF, 28 de noviembre de 2014.- Activistas en derechos humanos pidieron al Gobierno Federal garantizar la seguridad de la marcha del 1 de diciembre y dejar de criminalizar las protestas sociales.
«Si el Presidente Enrique Peña Nieto hace una oferta de Estado de Derecho debería observarlo y respetar el derecho a la protesta», dijo la investigadora de México Evalúa, Layda Negrete.
El presidente de la Red de Derechos por la Infancia de México, Juan Martín Pérez, quien el 20 de noviembre fue encapsulado por granaderos, aseguró que es obligación del Estado garantizar la integridad de los manifestantes.
«Hago la invitación a salir a las calles y ejercer nuestro derecho a la protesta», expresó.
El padre Miguel Concha, del Centro Fray de Victoria expuso que hay una tendencia del gobierno federal de castigar e inhibir a las marchas a través de episodios violentos, como los sucedidos el 20 de noviembre en el Zócalo, sin sancionar a los violentos.
«No castigan hechos de violencia, con el propósito de deslegitimar todo y no lo vamos a permitir», indicó.
También pidió al Gobierno del Distrito Federal y a sus instituciones de procuración de justicia y seguridad actuar con independencia del gobierno federal.
«No queremos ver a un gobierno que simplemente se pliega», pidió.
Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia criticó que de 460 detenidos desde el año 2012, acusados de protagonizar actos violentos, a ninguno se le han encontrado pruebas de su participación.
Por ello pidió a las autoridades investigar quiénes integran a los grupos violentos.
«Presumen mucha inteligencia y no hemos recibido respuesta de quiénes los financian y quiénes los protegen».