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CUERNAVACA, Mor., 4 de diciembre de 2014.- El ex presidente municipal de Cuernavaca Rogelio Sánchez Gatica fue declarado inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía General del Estado por el presunto desvío de 75 millones de pesos, luego de una audiencia que se prolongó durante cinco horas en la Sala Uno de Juicios Orales en el Primer Distrito Judicial.
El Juez Penal Adolfo González López consideró que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución General de la República para vincular a proceso al ex funcionario, ya que no logró acreditar los requisitos indispensables como son: tiempo, lugar y circunstancias.
“La Fiscalía acusó de hacer mal uso de los recursos pero no se acreditó qué fin se le dio a los mismos, si fueron para el imputado, para una tercera persona, si fueron transferidos o mal empleados”, agregó el juzgador en su resolución.
El juez consideró que las pruebas que aportó la Fiscalía en la audiencia no determinan tampoco el grado de participación de Sánchez Gatica en caso de que se hubiera cometido un hecho ilícito.
Tras absolver al también catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la defensa pidió al juez dejar sin efecto el pago de la fianza de 50 mil pesos que días antes le habían fijado y con ello quedó libre de la acusación.
En su momento, la Fiscalía Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia, hoy denominada Fiscalía General, desde diciembre del 2010, cuando era alcalde Manuel Martínez Garrigos, se hicieron los descuentos a los trabajadores de la comuna por concepto de cuotas al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGE), pero nunca se hicieron los depósitos correspondientes.
La audiencia que se celebró en la Sala Uno inició alrededor de las 10 horas pero culminó cinco horas después pues se dio lectura al menos a 20 declaraciones de ex empleados y ex regidores del Partido Acción Nacional. Fueron estos últimos quienes pidieron, al percatarse de que no se pagaron las cuotas al ICSTGE, una auditoria externa, misma que no se llevó a cabo porque el entonces tesorero se negó a pagar dicha revisión.
Después de que la fiscal le dio lectura a las pruebas, el juez ordenó un receso para elaborar su dictamen.
Tras una hora, el juzgador determinó que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución General de la República para vincular a proceso al ex funcionario, quien también ocupó el cargo de procurador de Justicia hace 15 años.