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MÉXICO, DF, 16 de enero de 2015.- El diputado panista Carlos Alberto García González, puso en tela de juicio la actuación oportuna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al considerar que la autoridad financiera pudo haber levantado sospecha sobre la empresa Ficrea por tener seis mil millones de pesos tan sólo con seis mil 500 clientes.
Esto, durante la comparecencia, ante la Tercer Comisión de la Permanente, de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta; y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.
En su intervención para fijar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, García González cuestionó al titular de la CNBV Jaime González Aguadé si «en su digno cargo» cuenta con las facultades necesarias y suficientes para poder actuar mejor.
Sostuvo que ahorradores defraudados por Ficrea sienten que hubo negligencia por parte de las autoridades para prevenir el problema.
Abundó que el nivel de captación de lo que es el mercado de las Sociedades Financieras Populares estaba sobrepasado inclusive por encima de la mayoría de los bancos.
La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, comentó reportes de Ficrea de agosto de 2013 sobre cifras notables en términos de crecimiento en su captación, a lo que el legislador panista cuestionó si el crecimiento de indicadores acelerados como la captación son señales de fallas operativas.
Señaló que dado que existió una visita de inspección ordinaria en marzo del año pasado, “¿por qué tomó el tiempo en intervenirse, se intervino hasta el 7 de noviembre?”, cuestionó.
En respuesta, González Aguadé refutó que sí se actuó de manera oportuna.
Acotó que Ficrea, como la segunda Sociedad Financiera Popular más grande del sector, no tiene un efecto sistémico y mucho menos en todo el sistema financiero mexicano, sino que es un efecto limitado en una operación limitada que no tiene un impacto mayor.
“Aunque es muy grande no impacta para el resto del sistema financiero mexicano”, recalcó.
Arguyó que los señalamientos de los legisladores no son delitos, no es delito ofrecer un tasa de interés por encima de la del mercado, tampoco recibir depósitos por encima del sector popular.