Civiles, posibles autores intelectuales de caso Tlatlaya: diputados

MÉXICO, DF, 19 de enero de 2015.- Que la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del Estado de México hayan aceptado la Recomendación 51/2014 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifiesta que las instituciones reconocen la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen en el caso Tlatlaya.

En un informe preliminar de avances en el esclarecimiento del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados, que coadyuva en las investigaciones de los hechos, asentaron afirmaciones de carácter general donde identificaron que además existe otra línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares.

Dicho lo anterior, significa que la cadena de mando señalada no habría estado implicada en la orden de cometer homicidios.

El documento del grupo legislativo presidido por la diputada del PRD, Elena Tapia Fonllem, determinó en 28 puntos que existe consenso del uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los militares.

De esta manera, contraviene el Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas; sin embargo, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de los derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal.

Al no ser un informe que presente elementos conclusivos, a tres meses de haberse integrado el Grupo de Trabajo, denuncia que hasta el momento la Sedena, PGR y el Gobierno del Edomex han desatendido la entrega de información solicitada formalmente.

Por tanto, el citado informe preliminar está constituido en aportaciones verbales de los encuentros con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, PGR, CNDH y funcionarios de la Sedena y Secretaría de Gobernación.

En otros puntos, manifiesta que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar y el sargento responsable directo del operativo; ni con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó y autorizó un patrullaje con ocho elementos cuando lo mandatado son al menos 12.

Precisa que el enfrentamiento con personas armadas al interior de las bodegas tuvo una duración muy corta de un máximo de 10 minutos y el intercambio fue interrumpido por un soldado herido –quien se encuentra en goce de libertad–, cuando otros dos elementos se retiraron para auxiliarlo.

Detalla que las 25 personas –22 asesinadas y tres sobrevivientes– se consideran víctimas directas de diversos delitos y violaciones a sus derechos humanos. Por ende, los familiares de los 22 pueden ejercer acción legal y legítima para reclamar una reparación integral en términos de legislación penal, fiscal, victimal y demás aplicables.

Reitera que el mayor impedimento para determinar las circunstancias del multi homicidio fue la alteración de la escena del crimen por parte de elementos militares y, presumiblemente, de la PGJ del Edomex.

Indica que no se ha podido comprobar que entre los hombres asesinados el 30 de junio del año pasado en el municipio mexiquense, existían víctimas de secuestro; aunque familiares de ocho personas muertas en el lugar denunciaron que habían sido objeto de amenazas, coacción y privación ilegal de la libertad.

“Este Grupo de Trabajo considera que el caso Tlatlaya es un caso grave y paradigmático que revela ciertos patrones de violaciones de derechos humanos que deben atenderse para su erradicación”, remata el documento.

Los diputados Miriam Cárdenas Cantú (PRI), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), Alberto Díaz Trujillo (PAN), Zuleyma Huidobro González (MC), Loretta Ortiz Ahlf (PT), René Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), y la coordinadora Tapia Fonllem (PRD), coincidieron que del caso Tlatlaya debe derivar acciones por parte del Estado para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.

Además, concluyeron que se deben incluir políticas públicas y reformas legislativas, así como la adopción de medidas firmes para la aplicación de las normas existentes que fueron violadas.