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MÉXICO, DF, 3 de febrero de 2015.- Ante las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, en la que se señala como una problemática grave en México la desaparición forzada de personas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, anunció que desde este grupo de trabajo se buscará materializar la Ley General de Desaparición Forzada e Involuntaria para nuestro país.
En los puntos que propone para incluirse en la nueva legislación destaca la armonización local y federal de los tipos penales unificados en materia de desaparición forzada y desaparición involuntaria, con un rango único de penalidad, lo cual daría certeza a todos los involucrados en la procuración y administración de justicia.
Además establecerá la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno de prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas dado que los hechos de esta naturaleza serán delictivos en cualquier parte de la República; asimismo creará un procedimiento específico de búsqueda de las personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas, con responsabilidades para las autoridades que incumplan dichos protocolos.
En la misma legislación se incluiría un Registro Nacional de Personas Desaparecidas Forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a esta base de información, aunado a un Registro Nacional de Personas Detenidas, que también estaría disponible para consulta pública, de manera que se tuviera certeza acerca de quiénes, dónde, en qué condiciones, por qué y bajo qué responsabilidad deben asumir las autoridades que tienen bajo su jurisdicción personas detenidas.
Se hará patente la promulgación de la declaración de ausencia por desaparición de persona como consecuencia de la desaparición; asegurando la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, así como la implementación de procedimientos para la reparación integral a las víctimas de este delito.
Ante dichas puntualizaciones, De la Peña Gómez agregó que la promulgación de esta Ley dependerá de la voluntad política del gobierno federal a través de la bancada del PRI en el Senado, a quienes invitó a unirse al grupo de trabajo.