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MÉXICO, DF, 13 de febrero de 2015.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, adelantó que la Cámara Alta atenderá las recomendaciones del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas en tres puntos: la configuración del delito, una Ley General y reparación del daño.
Esto luego del informe que México presentó en días pasados ante la Comisión de Derechos Humanos ante el Comité de Desaparición Forzada en Ginebra, a partir del cual se criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas” y recomendó al gobierno mexicano priorizar la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia.
“Me parece que entre las recomendaciones hay tres aspectos muy importantes que corresponden al Congreso y necesitamos ponernos a trabajar para corresponder a garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones”, destacó De la Peña Gómez.
En torno a la configuración del delito de desaparición forzada, apuntó que la persecución del ilícito deberá aplicarse irrestrictamente en cualquier lugar del país, más allá de que la desaparición forzada de una persona sea perpetrada por agentes del Estado a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal.
Además urgió a que se configure desde el Senado una ley que se aplique en todo el país y finalmente en torno al proceso derivado de la exigibilidad de justicia, de reparación del daño que el Estado mexicano tiene que asumir para con las víctimas, familiares de las víctimas, víctimas colaterales, expuso la necesidad de que se garantice la reparación integral del daño.
“Nos parece importantísimo insistir en un elemento sustancial que es no la repetición del hecho, de tal manera que las políticas de prevención que se inscriban a partir de sancionar debidamente a quienes han perpetrado este tipo de delitos pues sea ejemplar”, destacó la legisladora del sol azteca.
Sobre los avances en torno a la Ley General de desapariciones forzadas, De la Peña Gómez adelantó que se está planteando la reforma al artículo 73 constitucional para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión, para legislar en una ley general, que incluirá un registro nacional único, banco de dato de ADN único, la misma directriz respecto de la declaración de ausencia, entre otros elementos, tienen que ser nacional.