Ningún Gobierno debe ofenderse por recomendaciones de ONU: Barbosa

MÉXICO, DF, 16 de febrero de 2015.- El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, destacó que ningún gobierno debe de verse agredido por una recomendación emanada de la ONU en torno a temas como desapariciones forzadas y derechos humanos.

«No es una buena reacción ante el mundo que el Gobierno entre en controversia con organismos internacionales sobre temas tan sensibles como son los temas de derechos humanos, desaparición  forzada, trata de personas, combate al terrorismo, al crimen organizado», expresó el coordinador del PRD en la Cámara Alta.

Esto luego que el gobierno mexicano cuestionara el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas, al asegurar que no refleja las acciones emprendidas por el Estado en este rubro.

En este contexto, Barbosa Huerta aseveró que aunque hay realidades que resolver en nuestro país y en muchos países del mundo, lo más óptimo es enfrentarlas con una opinión favorable de parte de los órganos internacionales.

«Ya tenemos reformas al Código penal relacionadas con desaparición forzada, y hoy la recomendación en es tener una ley especial para ello, estamos atendiéndola, yo no veo por qué no debe el Congreso mexicano legislar en esta materia», aclaró el coordinador del sol azteca.

Y agregó que como indica la recomendación de la ONU, el tema de los fueros militares y la forma como tienen que ser juzgados los elementos castrenses cuando los afectados son civiles, ha sido legislado recientemente.

«Ahí sí yo veo a la ONU que está haciendo una recomendación que creo yo no atendió el contenido de las reformas que recientemente aprobamos, porque los militares que comenten algún delito en agravio de civiles, por ese sólo hecho son juzgados por tribunales civiles, no se acogen al fuero militar porque esa parte del fuero ya fue resuelta», destacó Barbosa.

Finalmente el presidente del Senado recordó que la desaparición forzada es un delito cometido por servidores públicos, es decir, por policías o fuerzas del orden del Estado, por lo que debe ser atendido con una ley especial.