Preocupan a CNDH e IFAI reserva de violaciones de derechos en nueva Ley

MÉXICO, DF, 2 de marzo de 2015.- El primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez y la comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jaqueline Peschard, manifestaron su preocupación en torno al proyecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se discute en el Senado, puntualmente en el punto de la reserva en hechos clasificados como “violaciones graves a derechos humanos”.

De acuerdo con el dictamen previo que se analiza, la nueva legislación mandatará que en caso de clasificarse algún acontecimiento como “violación grave a los derechos humanos”, este quedará bajo excepción de reserva, es decir se deberá entregar el expediente al ciudadano, ente o a quien se solicite como parte del principio constitucional de que toda la información es pública y que únicamente de manera excepcional, temporal y por una razón de interés público y seguridad nacional, puede reservarse.

“La clasificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos, en si misma hace que el acceso a la información sea pleno y que en ningún momento nadie pueda poner obstáculos para que la sociedad esté debidamente esterada de lo sucedido”, explico el visitador de la CNDH, durante la Audiencia Pública para dictaminar la iniciativa.

Además agregó que pese a la necesidad de publicidad plena de actos violatorios de derechos humanos, existen riesgos de realizar una clasificación como “grave” sin contar con los elementos, por lo que apuntó que esta debe estar siempre sustentada en elementos mínimos indispensables, por lo cual no hay un plazo forzoso para determinarlo.

Peschard Masical, apuntó que la Constitución es muy clara al afirmar que la información reservada es estrictamente temporal, siendo preocupante que las reservas como las que señalan en los Códigos de Procedimientos Penales estén reservadas para siempre, excepto en una mínima posibilidad, cuando no haya ejercicio de la acción penal y una vez que hayan transcurrido entre tres y doce años.

“Es preocupante porque cierra la posibilidad de que las personas podamos dar seguimiento a la actuación del Ministerio Público que es clave para la persecución del delito y para que podamos encaminarnos hacia un avance en nuestra justicia”, precisó la académica.

Finalmente agregó que será tarea de los legisladores determinar si el IFAI contará como organismo garante con la facultad para calificar si se trata de una violación grave sin que se haya pronunciado la autoridad máxima como la CNDH.