Contexto

El hecho de que organizaciones no gubernamentales entregarán a los integrantes de la comisión de Justicia del Senado de la República más de 20 mil firmas con la petición de que no designar a Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –para suplir la vacante que dejó con su fallecimiento el chiapaneco Sergio Armando Valls Hernández, el pasado diciembre– obligan necesariamente a que los propios legisladores miren a los otros dos candidatos, quienes sí son funcionarios judiciales de carrera.

Y es que la designación del nuevo ministro, por el inesperado fallecimiento de Sergio Valls, llevará a una renovación generacional en el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues en diciembre próximo dejarán sus cargos, los ministros Juan Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero, al cumplir los 15 años de su elección.

En los últimos cinco años arribaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Son muchos los cuestionamientos que hicieron senadores del PRD, PT y PAN, sobre el desempeño de Eduardo Medina Mora, cuando en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ocupó la titularidad del Cisen, PGR y Secretaría de Seguridad Pública. No hay conciliación por los resultados en los casos de la guardería ABC en Sonora o el famoso michoacanazo, que acabó con la libertad de 38 alcaldes acusados de nexos con el crimen organizado, o las investigaciones sobre el asesinato de indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Otro factor que deberían tomar en cuenta los senadores es que con la salida de Olga Sánchez Cordero, solamente habrá una mujer en la Suprema Corte: Beatriz Margarita Luna Ramos. ¿Y la equidad de género en donde quedó?

Ahora bien, los otros dos candidatos elegibles de la terna enviada por el Presidente Peña Nieto, son magistrados de carrera.

Por ejemplo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Tiene 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación.

Nacido en el Distrito Federal cursó la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1979 a 1983, presentó el examen profesional el 2 de octubre de 1985, con la tesis «La planeación como plataforma del desarrollo económico en México». Tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Valle de Toluca, en donde se tituló el 18 de marzo de 2011.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1991 como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito. Fue nombrado Magistrado de Circuito desde septiembre de 2000.

El otro candidato, Horacio Armando Hernández Orozco, es magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Nació en el Distrito Federal y cursó la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, de 1984 a 1989. Se tituló con la tesis «La ampliación de las garantías a los Derechos Humanos».

Se inició como oficial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, fue Oficial Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue Actuario Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, además laboró como secretario de los Juzgados Cuarto, Séptimo y Octavo de Distrito, en el Estado de Baja California; Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y como Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fue nombrado Magistrado de Circuito en agosto de 2000.

El escenario que se vislumbra es el siguiente: Si Medina Mora no recibe los suficientes votos de los priístas, panistas y verdes, es posible que una mayoría de legisladores se inclinen por designar a un magistrado de carrera o que la terna fuera rechazada, lo que en todo caso, obligaría al Ejecutivo a mandar una nueva terna donde podría incluir mujeres.