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MÉXICO, DF, a 18 de marzo de 2015.- Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación Alto Al Secuestro, reprochó este miércoles a las comisiones de derechos humanos en todo el país, proteger más los derechos y las garantías de los secuestradores, que de las propias víctimas que han padecido este delito.
En muchos de los casos, expresó las instituciones abocadas a la protección de los derechos humanos en México “pierden la esencia”. A la hora de llevar a juicio a un secuestrador, “en algunos casos se dedican a defender los derechos humanos del imputado, no teniendo el mismo equilibrio para las víctimas”, consideró.
Todos sabemos que los criminales “tienen derechos y nadie se los niega”, sin embargo, lo que exigimos a las comisiones de derechos humanos en todo el país “es que también se contemplen los derechos humanos de las víctimas”, acotó.
Porque los derechos de las víctimas, de quienes ya fueron violentados en sus derechos, en su libertad “ya fueron violados”. De por sí, dijo, “un secuestrador lo privó de su libertad, luego (las autoridades) lo siguen revictimizando, y luego sale una recomendación o una intervención de (la Comisión de) Derechos Humanos” y tiende incluso a inhibir la fuerza del propio policía.
Durante la presentación de la modernización y equipamiento de la Fuerza Antisecuestro de la ciudad de México, y ante la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, Perla Gómez, así como del procurador de Justicia, Rodolfo Ríos Garza, Isabel Miranda de Wallace fue clara en su postura:
“Creo que hay que replantear que los derechos humanos son para los humanos. Y a veces los secuestradores no se comportan como humanos”, señaló. Aunque no queremos que les quiten sus derechos, “sí exigimos que se vean por los derechos humanos de las víctimas”, enfatizó.
En esta intervención ante el micrófono, de forma pública pidió a Perla Gómez, extender esta idea a los demás ombusman del país.
Antes de emitir una recomendación contra un policía o un Ministerio Público, dijo, “de verdad que se analice, que se vea si hizo uso efectivo de la fuerza, si de verdad actuó o violó los derechos humanos del imputado”,
“Pero nunca emitir una recomendación que pueda poner en riesgo los derechos de una víctima, porque los derechos de una víctima deben de tener el privilegio de tener acceso a la justicia”, finalizó.