Atacan casa del subsecretario de Seguridad de Solidaridad, Quintana Roo
XALAPA, Ver., 23 de abril de 2015.- Mi compromiso como Procuradora General de la República consiste en construir instituciones de justicia que generen plena confianza ciudadana, un camino de apertura frente a la sociedad civil y una debida protección a las víctima del delito, subrayó la titular de la PGR, Arely Gómez González.
En la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste, la servidora pública federal explicó que para cumplir con este compromiso dispuso sustentar su actuar en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto a derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas; y la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Al afirmar que perseguir el delito con toda firmeza y velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas es una exigencia personal e institucional, mencionó que la realización los cuatro ejes provocará una renovada relación con la sociedad, “fortaleciendo la confianza ciudadana que requiere nuestra labor”.
Dijo estar convencida de que la transparencia y rendición de cuentas debe ser el sustento de la política institucional “que guíe nuestros trabajos, ellas no sólo son una exigencia ciudadana a la que debemos responder, sino que además constituyen la base para generar confianza sobre nuestro desempeño, a lo cual los conmino”.
Gómez González señaló que con la reforma constitucional de 2008, con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que tiene como fecha comprometida junio de 2016 para la operación plena en todas las entidades del país, “hay una tarea que demanda nuestra inmediata atención y todo el esfuerzo posible, para lograr los objetivos trazados y concluir las acciones pendientes”.
Recordó que actualmente el Código Penal de Procedimientos Penales ya opera en Durango, Puebla, Zacatecas y Michoacán, y que hace unos días el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor de dicho código a partir del 1 de agosto de 2015 en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
Comentó que tomando en consideración ese compromiso para la implementación en junio de 2016, “nuestra agenda se estructura tomando como plataforma la construcción de lineamientos para la aplicación de criterios de oportunidad y procedimiento abreviado y la aprobación de un protocolo de coordinación entre el ministerio público y la policía”.