Propone Movimiento Ciudadano no dar ni un peso a partidos políticos

MÉXICO, DF, 4 de mayo de 2015.- Los 10 partidos políticos con registro recibirán este año un total de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos.

Esta suma incluye 3 mil 909.5 millones de pesos para actividades ordinarias, mil 172.8 millones para gastos de campaña, 117 millones 200 mil pesos para actividades específicas (como educación cívica e investigación), 156 millones 300 mil para franquicias postales y 693 mil pesos para franquicias telegráficas, informó Movimiento ciudadano a través de un comunicado.

Con el presupuesto aprobado para el Instituto Nacional Electoral (INE), que este año será de 18 mil 572 millones 422 mil 236 pesos, el total del gasto electoral en México en 2015, será de alrededor de 24 mil millones de pesos.

Esta cantidad equivale a casi las dos terceras partes de los recursos federales que recibirá este año la UNAM; es aproximadamente 24 veces superior al presupuesto de la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca (UABJO); diez veces mayor que el gasto autorizado a la Universidad Autónoma de Guerrero (2 mil 332 millones 905) y apenas 13 mil millones de pesos menos que el presupuesto anunciado con bombo y platillo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los recursos que hoy se entregan como prerrogativas a estos organismos, concebidos a fines del siglo XX para hacer más equitativas las contiendas electorales, han derivado en abusos, engaños y trampas de los partidos dominantes, que nada aportan a la democracia.

Movimiento Ciudadano hace suyas las expresiones de organizaciones civiles y de ciudadanos libres, que consideran que el monto que reciben los partidos es excesivo y ofensivo.

Afirma que debe ponerse un alto al despilfarro que significa gastar el dinero de los ciudadanos en burocracia, sueldos, viáticos y en campañas publicitarias vacías y sin sentido, cuando no en campañas sucias de descalificaciones, como ha sido acreditado recientemente en los medios de comunicación y con las sanciones impuestas por la autoridad electoral federal.

Propone que se instrumenten reformas a fin de que ya no se entregue ni un peso de financiamiento público a los partidos políticos, y que los recursos así ahorrados se destinen exclusivamente a inversión social y proyectos generadores de empleos.