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MÉXICO, DF, 26 de mayo de 2015.- Tal como se hizo en el caso Tlatlaya, diputados del PRD buscarán la integración de un Grupo de Trabajo para coadyuvar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el supuesto enfrentamiento ocurrido en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, entre fuerzas federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada que dejó 43 bajas mortales, entre ellos un integrante de la Policía Federal.
Los legisladores del Sol Azteca pedirán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles la integración del grupo formado por un diputado y un senador de cada grupo parlamentario para recabar información de las víctimas, presuntamente integrantes Cártel de Jalisco Nueva Generación, que las autoridades federales y estatales estimen convenientes.
Respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar el 22 de mayo pasado, en el municipio michoacano, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, y sus correligionarios José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y Lourdes Amaya Reyes pedirán dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la PGR y la CNDH.
Dicho grupo de trabajo funcionaría desde la aprobación del acuerdo propuesto y hasta el día 31 de agosto próximo que finalizan los trabajos de la 62 Legislatura.
Los perredistas manifestaron su preocupación sobre el repunte de violencia en la entidad y lugares colindantes, tras el relanzamiento del Operativo Jalisco y el derribo de un helicóptero militar, el cual denota el poderío de fuerza que tienen estos grupos delincuenciales que retan al Estado.
En medio del desarrollo de un proceso electoral, los legisladores pidieron que se debe garantizar a candidatos y ciudadanos las condiciones de normalidad democrática indispensables para ejercer con libertad el derecho a votar y ser votados.
Recientes versiones, principalmente de los familiares, apuntan que en este caso como en los acontecimientos del municipio de Tlatlaya, Estado de México se trataría de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los integrantes de la Policía Federal, el Ejército y la propia PGR.
Bajo esta premisa, los diputados perredistas consideraron fundamental coadyuvar con las autoridades para que presenten una versión sobre la verdad histórica sobre lo acontecido que sea creíble y aceptable para la población.